Los líderes de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, encabezados por su secretario general, Lorenzo Ramos, se han concentrado en Madrid esta mañana para exigir a los ministros de Agricultura de la Unión Europea –reunidos en Luxemburgo- que alcancen un “buen acuerdo” con la Comisión y el Parlamento sobre la reforma de la Política Agraria Común.
UPA ha instalado una mesa frente a la fachada del Ministerio de Agricultura con algunos de los productos más representativos de la agricultura y la ganadería española, como frutas, hortalizas, leche, cereales y aceite de oliva. “Pretendemos mostrar a los ministros de la UE la diversidad de la producción española”, han explicado. “En España la tasa plana no tiene sentido. De hecho, se producirían grandes pérdidas en las ayudas que reciben olivar (-43 %), lácteo (-42 %), cítricos (-61 %), cultivos industriales (-95 %) o viñedo (-48 %)”.
Según cifras oficiales de la UE, de aplicarse la tarifa plana y la convergencia interna destacan el tomate industrial y tabaco extremeño (-95 %), el arroz (-64 %) y el regadío de Castilla y León (-32 %), además del viñedo manchego (-48 %)
Las propuestas de reforma agrícola plantean que no pueda producirse una transferencia de fondos agrícolas entre Estados superior al 2,2 %; pero, sin embargo, obligaría a España a desviar más del 30 % de los fondos desde "la agricultura profesional", la que genera actividad, empleo y riqueza, hacia hectáreas no productivas o que lo hacen "mínimamente", según Ramos.
Ramos ha declarado que, después de una noche de negociaciones del trílogo en Luxemburgo, la Presidencia irlandesa quiere llegar esta tarde de hoy martes a un acuerdo en el seno del Consejo de Ministros, que sería cerrado mañana en Bruselas con el Parlamento, que por primera vez tiene poder de codecisión.
UPA defiende un acuerdo de reforma rápido pero “no a cualquier precio”, y advierte que si el escollo de la convergencia interna no queda resuelto en Bruselas sería muy difícil de aplicar en España por el Gobierno y las comunidades autónomas, que tendrían que justificar que se quiten fondos a sectores competitivos para darlos a hectáreas no productivas.