Las organizaciones agrarias UPA y COAG han denunciado este miércoles que la situación actual de la Cámara Agraria Provincial no cumple con el servicio para el que está establecida toda vez que fueron despedidos siete de los empleados al no existir fondos de la Comunidad para su mantenimiento.
Una situación que ambas entidades, agrupadas en la Alianza por la Unidad del Campo, han calificado de “grave” y por la cual “difícilmente se van a poder dar servicios”, sobre todo ante la finalización del plazo para la adjudicación de hierbas, pastos y rastrojeras que debe estar cumplimentada el próximo 1 de enero.
Así, el portavoz de COAG, Jesús García, ha señalado que Soria es la única provincia donde no han dimitido los dirigentes de ASAJA en Castilla y León, pero sí donde se ha despedido al personal administrativo. Por este motivo, ha indicado que en 3 de las cuatro provincias donde se produjeron dichas dimisiones, es la propia Alianza por la Unidad del Campo quien se ha hecho cargo del servicio sin mayores problemas de este servicio de atención a los profesionales del campo.
Además, ha denunciado “que no se entregue la documentación” a los presidentes de las Juntas Agrarias Locales (JALES) cuando acuden a solicitarla, apuntando con ello a ASAJA, responsable de la Cámara Provincial, sobre “instrucciones” que se han dado desde esta organización para que no se ofrezca la documentación demandada. Con todo, el portavoz de COAG ha animado a que los presidentes de las JALES insistan en la petición de los documentos y ha instado a ASAJA a que “tome las riendas” de la Cámara “porque son mayoritarios, y no nosotros que somos de fuera”.
Por su parte, el portavoz de UPA en Soria, Raúl Ramírez, ha explicado que “podemos gestionar la Cámara con menos gente”, detallando que existen fórmulas en el mercado laboral que se podrían aplicar a los empleados despedidos, tales como el tiempo parcial, o jornadas reducidas, entre otras. Un coste que se podría asumir porque ha cifrado los salarios en 70.000 euros. Igualmente ha coincidido en admitir que los tres funcionarios de la Junta que ahora se están haciendo cargo del servicio tienen que desplazarse a otras localidades, lo que supone que las oficinas permanezcan cerradas en la mayoría de los casos.