La Junta de Castilla y León ha hecho una clara dejación de funciones respecto a la provincia de Soria, ha afirmado tajantemente el responsable de la Gestora de UPyD en Castilla y León, Rafael Delgado, este lunes 13 de mayo en rueda de prensa celebrada en la capital. De igual modo, ha mostrado su preocupación por lo que consideran como falta de infraestructuras y mala política regional hacia la provincia, que tras treinta años de democracia no ha concluido la autovía del Duero, pero sí cuenta con varios polígonos industriales vacíos y una Ciudad del Medioambiente que supone un despilfarro, y además es parcialmente ilegal.
En su comparecencia, Delgado hizo un breve balance del Gobierno regional, calificando como desastrosa la gestión del Ejecutivo que encabeza Juan Vicente Herrera. No sólo es el olvido de algunas provincias y el despilfarro en proyectos irrealizables, sino los indicadores macroeconómicos en los que Castilla y León se encuentra por encima de la media nacional: desempleo, costes industriales, envejecimiento y hogares con todos los miembros en paro, describió.
Ante este panorama, reiteró la necesidad de mejorar todo tipo de comunicaciones ya que, es imposible que una empresa se radique en la provincia en estas circunstancias.
También criticó la actuación del Gobierno regional en la fusión de Banco Ceiss y Unicaja, un conflico que se ha despachado de la peor manera, mostrando de paso su preocupación por el desinterés general de la ciudadanía hacia la política. Las encuestas arrojan datos de altísima abstención y por desgracia debemos dar un tirón de orejas a los españoles: votar una vez cada cuatro años no es suficiente y animo a la gente a que se comprometa, en este partido o en cualquier otro, denunció.
Ya en el ámbito local, los representantes provincial y regional de la formación política señalaron que ésta ha incrementado exponencialmente su número de afiliados y espera obtener representación en el Ayuntamiento de Soria en las próximas elecciones. Así, el delegado local, Joaquín de la Cuesta, reseñó la necesidad de cambiar la política en la provincia y apostar por criterios de racionalidad en el gasto, no como está haciendo el Ayuntamiento de la capital.