El responsable de la Gestora de Unión Progreso y Democracia en Castilla y León, Rafael Delgado Botello, ha presentado las alegaciones al anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana, en el registro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que tienen como fin fortalecer la independencia de los funcionarios a la hora de emitir certificaciones públicas y minimizar las molestias de los ciudadanos durante el proceso de restauración de un edificio.
El documento de la formación magenta propone cuatro modificaciones al anteproyecto del Gobierno regional, en la que destaca la del artículo 122 del Capítulo IV sobre Organismo de Certificación Administrativa. UPyD plantea no abrir la puerta a las empresas privadas, ya que se asegura la independencia en la toma de decisiones y se pueden destinar sin problema a los funcionarios de Urbanismo – con una alta cualificación y dilatada experiencia – en una situación de baja carga de trabajo como la actual.
Asimismo, pide una nueva redacción del artículo 8 C, al entender que los límites máximos en función de altura y máximo edificable deben ajustarse a los Planes Generales de Ordenación Urbana,o a las normas subsidiarias vigentes en cada una de las localidades del ámbito territorial.
El tercer cambio afecta a las personas que tengan que ser desalojadas de sus casas o locales por la rehabilitación de un edificio. La formación magenta demanda un texto en el que los perjudicados sean realojados en viviendas o locales lo más parecido al inmueble municipal. Del mismo modo, se pide incluir que la tasación del precio de la vivienda se debe fijar “a precio de mercado y previa tasación de una entidad independiente”.
La última alegación afecta a los artículos 1 n, que hace referencia a los actos sujetos a licencia, y el artículo 100 apartado 2 de la Ley 5/1999, referido a la publicidad de las licencias urbanísticas. Para este partido, la pervivencia de ambos artículos asegura un correcto tráfico jurídico y las relaciones entre los particulares, así como evitan la impunidad y la falta de seguridad jurídica que perjudique los derechos de terceros.