Unión Progreso y Democracia (UPyD) en Castilla y León ha criticado este 28 de diciembre la aprobación proyecto de Ordenación Territorial por el Consejo de Gobierno de la Junta, al considerarlo “cobarde y tramposo”. En opinión de esta formación, estos calificativos vienen dados porque “conociendo más que de sobra el diagnóstico y después de más de un año mareando la perdiz, no aborda el problema del micromuncipalismo de forma directa por su elevado coste político”, por lo que creen que desde el Gobierno regional prefieren “aplicar parches como las nuevas unidades básicas, que en la práctica se van a convertir en un nuevo escalón del crisol institucional de la región”. También consideran que la puesta en práctica de este documento va a “alejar a los ciudadanos de las instituciones”.
También señalaron como “lamentable” los cuatro artículos dedicados a la fusión de municipios cuatro artículos de los cuales, uno de ellos versa sobre fusiones incentivades de la Ley de Régimen Local de Castilla y León de 1998 y de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, en un “sistema de probada inutilidad”. Con ello apuntaron a que serán las directrices europeas o el Gobierno central quienes decidan sobre la materia en vez de hacerlo la propia Junta.
De igual modo, desvelaron lo que a su juicio es una trampa “por enmascarar con grandes gestos y palabras el mantenimiento de un modelo caduco en el que los partidos políticos mayoritarios y sus representantes públicos obtienen rentas y prebendas, y en el cual basan el control partidista de municipios económicamente dependientes”.
Explicaron además que en la comparecencia del consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, se anunció la “supuesta” vertebración de los 2.247 municipios de la región “a través de quince mancomunidades de interés urbanas para localidades de más de 20.000 habitantes, y 161 rurales que aglutinan a los municipios que no lleguen a esa cifra”. Así este modo, los ciudadanos deberán “encajar y financiar con sus impuestos sus Ayuntamientos, las Mancomunidades, los Consorcios, las Diputaciones Provinciales, una comarca –en el Bierzo– y el propio Gobierno regional, así como los gastos derivados de la puesta en marcha de las nuevas unidades” propuestas ahora.
En cuanto a las Diputaciones, reseñaron que se trata de instituciones “intermediarias” en la gestión de fondos regionales, “destinando una gran parte de sus presupuestos a su propio gasto de funcionamiento”, y donde los electores están excluidos del nombramiento de sus cargos, lo que según aseguran, se produce “discrecionalidad en el reparto de fondos” propiciando con ello “clientelismo político y sumisión de los alcaldes”. Ante estas premisas, que resultan “caciquiles, la formación política exigió la desaparición de estas instituciones.
Siguiendo con sus apreciaciones, expusieron que el mantenimiento de los 2.247 municipios de Castilla y León, de los que 1154 tienen menos de 500 habitantes y 558, menos de 100, “supone un coste altísimo para los ciudadanos”, con lo que sus Ayuntamientos “carecen de capacidad para desarrollar las funciones que les permite la ley y generan unos gastos directos o indirectos que siempre paga el ciudadano”.
Félix Sánchez Montesinos, coordinador territorial de UPyD se mostró favorable por “crear municipios con una autonomía política, económica y administrativa real, capaces de ejercer unas competencias propias bien definidas, lo que únicamente se consigue fusionando los ya existentes”. Asimismo, recordó que su formación ya presentó una propuesta básica que volverá a ser puesta sobre la mesa para continuar con el debate “que de ninguna forma damos por zanjado”.
Una propuesta que “reduce considerablemente el coste de las instituciones, pudiendo revertir ese dinero en recuperar los servicios que les han recortado injustamente a los ciudadanos”.
Por último, acusó al Gobierno de la Junta Así mismo, de actuar en este asunto como ya se hiciera con las cajas de ahorro, “donde hicieron oídos sordos a las demandas de UPyD de despolitización con los resultados por todos conocido”.