Desde FEP-USO han mostrado este martes 30 de julio estar “frontalmente” contra esta reforma, pues la misma “se decanta por la privatización de los servicios municipales como única alternativa a su prestación”. Ello llevaría a la destrucción de empleo público, “y lo que es peor, el deterioro de la prestación de los servicios públicos” de los Ayuntamientos. Igualmente han incidido en que se “distanciará” a quien gestiona y presta el servicio, “que es quien conoce mejor las necesidades de los ciudadanos de su municipio, de quien lo recibe”. Y también afectará a los empleados públicos que los prestan, “lo que generará más paro, a cambio de un empleo precario y un servicio público de mala calidad”.
Desde el sindicato apuntaron también que la gestión de muchos servicios públicos quedará, “por imperativo de esta Ley sometida a la iniciativa privada, o lo que es lo mismo, sometida a criterios económicos de rentabilidad, por encima de los criterios del beneficio, de la rentabilidad social y del servicio al ciudadano, que pasan a estar en un segundo plano”, dijeron.
Así mismo, reseñaron que esta reforma va a ocasionar una “pérdida brutal” de puestos de trabajo en las administraciones locales de toda España, y citaron fuentes que cifran una cantidad superior a 200.000 los empleos que pueden llegar a ser suprimidos, y que se sumarán así a los ya de por sí a los “demoledores efectos” que la Reforma Laboral ha tenido y está teniendo en la Administración Local. Vaticinaron además que “nuevos ERE se avecinan en la Administración Local”.
Según adujeron por otra parte, la nueva reglamentación “perjudicará a muchísimos ciudadanos, en especial a los residentes en pequeños municipios del ámbito rural, al imponer la supresión de servicios públicos municipales como aquellos relacionados con Ssrvicios sociales, personas dependientes, discapacitados, entre otros, siendo las Comunidades Autónomas las que, asumiendo estas competencias, “decidirán qué servicios se van a mantener y en qué municipios”. Todo ello, unido a los “criterios economistas a los que antes nos hemos referido, agravará aún más la situación de los ciudadanos residentes en estos municipios”, aventuraron.
“No podemos obviar que han sido las Comunidades Autónomas las que han puesto en ‘la picota’ muchos de los servicios que prestan los Ayuntamientos justamente por el incumplimiento de sus obligaciones de pago hacia los mismos”, añadieron.
Así mismo, aludieron a conceptos como los de ‘coste estándar’ de los servicios, a pesar de que han sido “descafeinados” en función del informe del Consejo de Estado, por lo que “siguen distorsionando la reforma, en la que claramente se decanta a favor de la gestión privada sobre la pública. O lo que es lo mismo, se prima la privatización de los servicios públicos que prestan los municipios”.
En este sentido, explicaron que la reforma plantea también dudas sobre su constitucionalidad, “pues vulnera la autonomía local reconocida en el Artículo 140 de nuestra Constitución, así como la Carta Europea de la Autonomía Local, suscrita por España en 1988, siendo varios los Gobiernos Autonómicos que ya han anunciado su oposición al texto, como el catalán, el vasco y el andaluz, entre otros. Lo que augura un largo recorrido judicial, una vez terminado el parlamentario”, significaron.
“Desde la FEP-USO consideramos que el Gobierno ha perdido otra oportunidad de oro para abordar una reforma de la Administración Local, que consideramos necesaria, pero que en este caso, como en otros, se afronta desde una falta total de negociación y búsqueda de consenso, así como desde la prevalencia de criterios ya muy roídos y demostradamente faltos de eficacia, como la reducción del gasto público, ante todo y pese a quien sea… cuando justamente la deuda de la Administración Local, supone un porcentaje mínimo, que ronda el 4%, respecto del total de la deuda pública”.
Una reducción “que se materializa en la supresión de servicios públicos, en otra vuelta de tuerca en la satanización de los empleados públicos que los prestan, y en la sustitución de ambos -servicios y empleados públicos que los prestan- por la iniciativa privada, como única alternativa”.
Por último, recordaron las propuestas que hicieron públicas en una apuesta por unos servicios públicos de calidad, prestado por un Cuerpo de empleados públicos de la Administración Local, también de calidad,” gestionado bajo criterios de igualdad y homologación retributiva”.