Vía libre a la cesión de la residencia de El Royo y rechazo a una gestión conjunta con el centro de Navaleno

Asimismo, los dos portavoces criticaron la falta de participación que ha dado el equipo de gobierno de Antonio Pardo a la oposición, en la negociación con los sindicatos, que tampoco estará en la comisión de seguimiento del acuerdo, como trasladó recientemente la vicepresidenta, Ascensión Pérez.
   De Miguel y Núñez pusieron sobre la mesa algunos aspectos que, en su opinión, han quedado poco claros, como el derecho a cobrar kilometraje de los trabajadores de El Royo y Navaleno trasladados a otras residencias, la situación en la que quedan los empleados temporales y eventuales, o las consecuencias que tendrá el acuerdo en la próxima negociación del convenio colectivo, más concretamente en los empleados laborales.
   Pero a pesar de la valoración positiva del acuerdo, los portavoces de de PPSO y PSOE recordaron al PP que, al final, y después de un año, han hecho lo que la oposición venía demandando desde el principio, que era alcanzar un acuerdo con los trabajadores, para lograr el objetivo de reducir el déficit de la gestión de las residencias y evitar la externalización.
   Ángel Nuñez (PSOE) afirmó que lo ocurrido en este proceso de las residencias, debería servir al equipo de gobierno lo importante que es negociar y dialogar, añadiendo que el PP, finalmente, ha dado la razón a los socialistas, al paralizar la externalización, porque era una decisión sin sentido, que iba a generar muchos problemas a la institución provincia, además del daño que iba a causar a los trabajadores.
   PPSO y PSOE apuntaron que uno de los aspectos más negativos del acuerdo con los trabajadores era el hecho de que la Diputación dejaba abandonadas a su suerte las residencias de Navaleno y El Royo. Por este motivo, el grupo socialista votó en contra del acuerdo, a pesar de valorarlo positivo. Núñez apuntó que sólo soluciona en parte el problema, porque resulta injusto para las dos residencias que quedan fuera, para sus trabajadores, para sus residentes y para las poblaciones donde se ubican.
   Por su parte, la vicepresidenta y portavoz popular, Ascensión Pérez, se mostró sorprendida porque, a la vez que PPSO y PSOE valoran positivamente el acuerdo, no lo apoyan con su voto, a pesar de que representa lo que los trabajadores han consensuado, tras esforzarse en encontrar una salida, a pesar de las dificultades.
   Una solución y una propuesta que los grupos de la oposición de la Diputación no han sido capaces de aportar, según Pérez, que señaló que el PSOE se ha descolocado tras el acuerdo, porque estaba más preocupado por el interés político que ofrecía el problema de las residencias, por desgastar al presidente Antonio Pardo, que por alcanzar una solución.
   La vicepresidenta acusó a los grupos de la oposición, especialmente al PSOE, de no aportar soluciones, de poner palos a las ruedas del proceso y de incoherencia, porque pareciéndole bien a los socialistas el acuerdo, no lo van a votar.
   El presidente de la Diputación, Antonio Pardo, agradeció a los representantes sindicales el esfuerzo realizado para llegar a un acuerdo, que es lo “que perseguíamos hace un año”, desde que se inició el proceso de las residencias, porque Pardo tenía claro, desde la responsabilidad política, encontrar una solución redujera el elevado déficit que provocaban la gestión de las residencias, pensando siempre en la calidad del servicio para los residentes de los centros de mayores.
   Las intervenciones en torno a la manera de gestionar el equipo de gobierno la decisión de externalizar las residencias, y su posterior marcha atrás, continuó durante el debate del punto de la renuncia a los contratos de adjudicación de la gestión privada. Se repitieron los reproches de unos y otros, pero al final –después de tres cuartos de hora- todos apoyaron esa renuncia a la externalización.
   José Antonio de Miguel (PPSO) detalló a la vicepresidenta, Ascensión Pérez, todas las propuestas que había realizado en las comisiones, ante la crítica de la portavoz popular, de que la oposición no había realizado propuestas para encontrar una solución. De Miguel recordó que en julio de 2012, y planteó que se llegara con los sindicatos a un acuerdo sobre reducción salaria, para no llegar a la externalización. “¿No es esto lo que ha hecho el equipo de gobierno?, se pregunto De Miguel.
   A su vez, Núñez insistió que el PSOE, en todo caso, en este proceso lo que ha hecho ha sido poner palos a las ruedas de lo que pretendía el PP, que era llevar a Diputación a un precipio, asegurando que el trabajo de los diputados socialistas ha ayudado a la rectificación del equipo de gobierno, en su intención de externalizar las residencias y subrogar a los trabajadores públicos.
   Ascensión Pérez, por el contrario, defendió la postura del PP, que lo único que ha hecho ha sido controlar el déficit de las residencias, un problema que se había planteado desde hacía años, salvaguardando la calidad del servicio y a los mayores, así como el empleo, pero siempre de la lógica, y sin demagogia. Por ello, Pérez asegura que la oposición le ha defraudado, porque más allá de las lógicas diferencias, esperaba una mayor colaboración para resolver un problema serio de la institución provincial.
   El cese de la gestión de la residencia de Navaleno, por parte de la Diputación, concitó nuevas disputas dialécticas entre los portavoces. Mientras la oposición criticó la actitud del PP, de quitarse de encima el problema del centro, rompiendo unilateralmente el acuerdo que se tenía con el Ayuntamiento de Navaleno sobre la residencia, lo que le aboca al cierre; el PP insistió en que las características del centro (sólo para válidos) son las que son, con muchas deficiencias y limitaciones, que el propio alcalde conoce bien, según Ascensión Pérez.
   La vicepresidenta insistió en que al PP también le gustaría mantener abierta la residencia de Navaleno, y que por eso la Diputación ha tomado una serie de medidas de apoyo al Ayuntamiento, propietario del edificio, pero que había que ser realistas.
   El PSOE fue duro, al criticar la incoherencia de un PP que a la vez que suprime una empresa y un servicio en Navaleno, también apoya el Plan Pinares, para propiciar el desarrollo de la comarca. La respuesta de Pérez no se hizo esperar, y respondió que precisamente por eso, porque hay que impulsar el desarrollo de la comarca, no se pueden enterrar recursos económicos en la residencia, que tiene un déficit de unos 400.000 euros.
   El PSOE propuso que, para salvar la residencia de Navaleno, se hiciera un pliego conjunto de gestión para los centros de El Royo y Navaleno, que se apoyaran mutuamente. Así, Navaleno sería el lugar de atención para válidos, que luego irían a El Royo. También, Núñez planteó crear nuevos servicios en Navaleno, como estancias temporales; y que los servicios de El Royo, como es el de cocina, podrían atender también a Navaleno.
   Nuñez reiteró que la falta coyuntural de residencias, como ocurre ahora, no puede ser un argumento para cerrar el centro de Navaleno, porque luego cuando existan esos residentes potenciales, el servicio ya no estará; un problema que se repite una y otra vez en el medio rural, en el que se van cerrando y suprimiendo servicios, y luego ya no se recuperan nunca, según el PSOE.
   El PP rechazó esta propuesta de gestión conjunta de las dos residencias, por entender que no iba a ser viable, por la infraestructura que se necesitaría; y advirtió de que se podía caer en el error de que los problemas de viabilidad de Navaleno contagiara a la residencia de El Royo, y en vez de una se cerraran dos, al no interesar la propuesta a ninguna empresa.
   En el caso del representante del PPSO, y a pesar de entender que quedan cuestiones poco claras en el pliego de la cesión de gestión del centro de El Royo, como es la inversión que se exige a la empresa de 150.000 euros, dio un margen de confianza a la privatización propuesta, a la vista de que se había alcanzado el acuerdo con los trabajadores, o que se respetaban las condiciones de los residentes.
   El debate también puso en entredicho la reducción de déficit de las residencias, que el equipo de gobierno concreta en unos dos millones, y que el PSOE reduce hasta 1,2 millones. Tanto el presidente, Antonio Pardo, como el portavoz socialista, Ángel Nuñez, defendieron sus argumentaciones, por lo que habrá que esperar a que el tiempo dé la razón a uno de los dos .