OMICSunidas reclama la cotinuidad de los servicios municipales de consumo

La nueva normativa de la reforma de la administración local retira a los ayuntamientos la competencia de la defensa de usuarios y consumidores, sin recoger ninguna previsión que garantice la continuidad de estos servicios.

La plataforma considera que la existencia de servicios de consumo en las comunidades autónomas no es suficiente, puesto que carecen del personal necesario para atender el volumen de consultas y reclamaciones que tramitan las OMIC. También se advierte de las dificultades para acudir a esos servicios de consumo de la administración regional, por el tiempo y el coste de esos desplazamientos para el ciudadano.

La nueva ley sobre la administración local articula dos vías para el mantenimiento de los servicios existentes del ámbito municipal sobre consumo, servicios sociales, educación o sanidad. Una vía es la delegación o la asunción de esas competencias por el Ayuntamiento. Es decir, la Comunidad Autónoma (que es la competente en materia de consumo) tiene que delegar su competencia en los municipios, pero para ello tendría que financiar el servicio al 100%. Para que los ayuntamientos asumieran la competencia de consumo, serían necesarios tanto un informe económico de sostenibilidad como un informe que acredite que no existe duplicidad de competencias.

OMICSunidas recalca, por tanto, que hay vías para el mantenimiento de las OMIC (y del resto de servicios afectados por esta reforma de la administración local), pero que requieren voluntad política y apoyo ciudadano.

OMICSunidas recuerda que la Constitución establece, en su artículo 51, que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, para lo que no basta una normativa que les otorgue derechos, sino que es imprescindible que existan cauces eficaces, y organismos que velen por el cumplimiento de esa normativa.

En esta labor, la plataforma destaca el papel de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), que son las más cercanas al ciudadano, al que informan, asesoran y ayudan a resolver sus problemas con las empresas. Todo ello de forma gratuita, y con las garantías de imparcialidad y profesionalidad propias de un servicio público.

En este sentido, la plataforma valora positivamente las respuestas de los directores generales de Consumo de Andalucía, Canarias y Asturias, o los pronunciamientos aislados de algunos ayuntamientos, así como la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la citada ley sobre administración local.

Ante esta situación, la plataforma confía en que "los ciudadanos continúen dando el apoyo que siempre han mostrado a los técnicos de consumo, que levanten su voz para pedir a los políticos el mantenimiento de las OMIC, y que no permitan que comience una marcha atrás en la defensa de sus derechos, camino de la situación que denunciaba Kennedy el 15 de marzo de 1962", razón de la celebración mundial del día de los derechos de los consumidores.