Descenso del 20 por ciento en 2015 en las reclamaciones ante las Junta Arbitrales de Transporte

Durante el año 2015, las Juntas Arbitrales del Transporte tramitaron un total de 370 reclamaciones que se solventaron en 276 vistas orales, frente a las 447 reclamaciones tramitadas en el año 2014, lo que supone una disminución de un 18 por ciento.

El año pasado se dictaron 256 laudos, en aquellos casos en que no fue posible llegar a una solución amistosa.

Las Juntas Arbitrales que dictaron más laudos fueron las de Burgos, con 81, Valladolid, con 37, y León, con 32. Le siguen Palencia, con 25, Segovia, con 23, Zamora, con 22, Salamanca, con 21, Ávila, con 9, y Soria, con 6.

Por materias, en transporte de mercancías, resaltan las reclamaciones por impago de portes y por averías -un 31 por ciento y un 8 por ciento de las totales del 2015, respectivamente-.

Respecto al transporte de viajeros, el mayor número de problemas deriva de los retrasos y de la expedición de billetes -un 16 por ciento y un 9 por ciento de las totales del 2015, respectivamente-.

Resolución rápida

La Juntas Arbitrales del Transporte, organismos dependientes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, resuelven de una manera rápida y con un procedimiento sin formalidades especiales ni tasas las controversias surgidas tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías.

La presentación de un simple escrito inicia el procedimiento, lo que ha convertido al arbitraje en una fórmula más competitiva que la vía judicial.

Además, las Juntas Arbitrales del Transporte de Castilla y León disponen de una moderna herramienta informática que facilita la gestión de los expedientes y permite al ciudadano la tramitación electrónica de sus reclamaciones. Esto, unido al incremento de medios personales y técnicos, ha permitido también reducir el plazo medio de resolución, que actualmente se encuentra por debajo de los seis meses.

El reclamante inicia el procedimiento con un simple escrito, bien ante el lugar de destino o de origen del transporte, y lo dirige a la Junta Arbitral elegida, que está compuesta por representantes de la administración y por representantes de los sectores implicados, ya sean usuarios o empresas.

Para que se realice el arbitraje es necesario que el reclamado preste su consentimiento, excepto cuando la controversia no exceda de 15.000 euros y ninguna de las partes intervinientes haya manifestado expresamente a la otra su voluntad en contra antes del momento de realización del servicio.

Ésta es una de las novedades de la última modificación de la ley de ordenación de los transportes terrestres, ya que hasta ahora la cuantía era de 6.000 euros.

Admitida a trámite la reclamación, se notifica a la parte reclamada y se convoca la vista oral en la capital de provincia correspondiente a la Junta Arbitral elegida.

Una vez celebrada la vista oral se dicta el laudo arbitral que -al igual que una sentencia judicial- tiene el valor de cosa juzgada, constituyendo título suficiente para acudir al procedimiento de ejecución forzosa -ante la jurisdicción ordinaria-.

Contra el laudo pueden interponerse recursos de anulación y revisión.