Reclaman el futuro defensor del empleado público sea una unidad administrativa propia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la creación de la figura del defensor del empleado público, para garantizar la protección de los empleados informantes que se animen a denunciar posibles situaciones de irregularidades administrativas, hechos fraudulentos o de corrupción, conforme al anteproyecto presentado por el Gobierno regional, con el que pretende luchar contra la corrupción política.

En el sindicato han dado a entender que la inspección no ofrece las garantías suficientes para esa protección; y piden que el defensor del empleado público se trate como una unidad administrativa propia.

Así lo señalaba esta mañana de martes el responsable del sector de la Administración General de la Junta, Mariano Prieto, que insistía en que "si queremos que la futura ley sea eficaz, tiene que tener todas las garantías jurídicas para que el empleado público se sienta seguro, ante posibles actuaciones de represalias sobre su situación laboral".

Por ello, ha remarcado que tiene que ofrecer "todos los mecanismos y medidas necesarias para asegurar y garantizar la protección de los empleados informantes, para salvaguardar la identidad del informador, si realmente la Junta quiere apostar por una administración transparente y una cultura de la honestidad política y de la legalidad.

Prieto ha explicado que el anteproyecto presentado otorga a la Inspección General de Servicios las competencias y la responsabilidad de tramitar y atender las posibles denuncias o informaciones de los empleados públicos, sobre posibles corrupciones e irregularidades. Sin embargo, el presidente autonómico del sector de la Administración General de la Junta, ha añadido que aunque la Junta considera ese organismo "como el más adecuado, lo cierto es que los inspectores se eligen por libre designación de los responsables políticos o de la administración, por lo que es difícil que esos inspectores generen la confianza suficiente entre los empleados, como para creer que actuarán contra quienes le han nombrado; o contra responsables con los que los inspectores pueden tener cierta complicidad, ya que les conocen. En algunos casos, los propios inspectores también han podido pertenecer al estamento de altos puestos de las administración o, incluso, de responsables políticos".

En CSI-F, tras analizar el anteproyecto recibido, ha valorado como necesario que la creación de la figura del defensor del empleado público de la Junta se trate como una unidad administrativa, con una dotación económica y funcional, y con un carácter marcadamente independiente, debiéndose garantizar que en caso de traslado del empleado público informante de situaciones irregulares, se tengan en cuenta diversas consideraciones.

Por ejemplo, que en ningún caso haya prejuicio profesional o económico para el empleado público informante y colaborador. También, que se garantice la asistencia jurídica gratuita a todo empleado público que se vea afectado por las denuncias realizadas, tanto a nivel administrativo como judicial (la administración se debe hacer cargo de los costes económicos de la defensa).

En la agrupación sindical entienden que la creación de una unidad del defensor del empleado público ante la corrupción debe ser el órgano superior al que elevar los posibles informes sobre ilegalidad administrativa e irregularidades. Así, han reclamado un periodo de protección para el empleado informante, de al menos cinco años, para evitar presiones y amenazas a contar desde la denuncia formulada.

El sindicato independiente, al que le parece "interesante" la propuesta de la Junta para luchar contra la corrupción, sí exige que se establezca un protocolo de actuación ante estos casos y situaciones. Por ello, han pedido que se incluya en el proyecto de Ley "un sistema de sanciones, y que se haga referencia al régimen disciplinario para altos cargos, empleados públicos o incumplidores de las normas sobre transparencia y buen gobierno, dando a entender de las consecuencias negativas o sanciones para los incumplidores".

En CSI-F también han señalado que una futura ley contra la corrupción debe hacer referencia a los establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 54.3, al abordar los principios de conductas exigibles, que indica que "obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes".