Detenidas 4 personas por trata de seres humanos en Segovia y Valladolid

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Carroñero', coordinada por la Agencia Europea Europol, ha desarticulado en las provincias de Valladolid y Segovia una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral

Fruto de las pesquisas, han sido detenidas cuatro personas de edades comprendidas entre los 25 y los 43 años y nacionalidad búlgara. Se les imputan los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y pertenencia a organización criminal, según informaron fuentes del 'Instituto Armado'.

La intervención ha sido efectuada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, con el apoyo de la Comandancia de la Guardia Civil de Segovia. En la operación también han participado miembros de la policía de Bulgaria, desplazados con el objetivo de apoyar en el terreno las detenciones y la asistencia a las víctimas. Se han realizado dos registros domiciliarios: uno en la localidad segoviana de Cuéllar y otro en la localidad de Bahabón (Valladolid), donde se ha liberado a 33 personas que vivían hacinadas en condiciones insalubres.

El proceso de investigación

Las investigaciones se iniciaron a principios de año cuando la Guardia Civil detectó la presencia de esta pequeña comunidad búlgara realizando tareas de recogida de cítricos en los campos de Valencia. Continuando con las investigaciones, los agentes pudieron comprobar que estas personas estaban siendo trasladadas a otros puntos de la geografía española para seguir realizando trabajos en el campo.

Según avanzaron las indagaciones, la Guardia Civil pudo determinar que estas personas estaban siendo obligadas a realizar trabajos en el campo sin percibir sueldo alguno, hacinadas en pisos y en condiciones insalubres.

Captación de víctimas y extorsión con deudas

La organización -compuesta por ciudadanos búlgaros-, se encargaba de captar mediante el engaño a sus propios compatriotas, originarios todos de la región de Pleven. Les ofertaban falsas expectativas de trabajo en nuestro país, asegurándoles que podrían ejercer un trabajo bien remunerado y tendrían la posibilidad de residir en una vivienda digna.

Posteriormente, estas personas eran trasladadas a España en furgonetas de la propia organización o en autobuses de líneas regulares. Y una vez en nuestro país, el responsable de la organización comunicaba a las víctimas la contracción de una deuda por este mismo viaje.

Condiciones infrahumanas de residencia

Asimismo, la organización obligaba a residir en la misma vivienda a más de veinte personas en condiciones de insalubridad y seguridad, con conexiones ilegales al tendido público. En algunas habitaciones o buhardillas convivían hasta diez personas sin agua caliente.

Igualmente, las víctimas eran sometidas diariamente a trabajos de recolección de productos agrícolas en el campo sin ningún tipo de contrato de trabajo ni seguridad social y por un salario, cobrado en 'B', muy inferior a la función que desempeñaban. Del dinero que ingresaban se les descontaba una parte por gastos de manutención y del viaje por el traslado a nuestro país llegando algún trabajador a percibir tan solo 50 euros por dos meses de trabajo.