Denuncian el aumento de agresiones en Sanidad en los últimos años

Tras evidenciarse ya los modos de gestión que están mostrando las unidades de gestión clínica (UGC) recién creadas en Castilla y León a modo experimental, y según señalaron en su día los responsables de Sacyl, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este jueves su “paralización inmediata”.

“Se están cumpliendo los criterios economicistas que nos temíamos, y estamos detectando pérdidas de calidad en la asistencia, con casos de pacientes a los que se les acorta la hospitalización, propiciando también la atención domiciliaria”, han lamentado.

Además, y en función del reciente dictamen del Consejo de Estado “ha dejado claro que el desarrollo de las unidades de gestión clínica, que supone una alteración significativa del sistema sanitario público de España, requiere una ley nacional previa que regule la creación, gestión y desarrollo de esas unidades”.

Este órgano, según CSIF, ha afirmado que la creación de las unidades de gestión clínica por medio de un real decreto, como se ha hecho en la Comunidad, no es la adecuada ni suficiente, dada la complejidad de esas nuevas entidades gestoras, en un servicio público tan esencial como el de la sanidad.

En la agrupación sindical consideran que, dada la actual configuración del Parlamento, va a ser difícil que haya consenso para que el Gobierno pueda sacar adelante una ley sobre las unidades de gestión clínica, por lo que han exigido a la Junta que eche marcha atrás en su programa de creación de estas unidades, y que incluso paralice las ya existentes, hasta que no haya una claridad normativa suficiente, o un consenso sobre su gestión y encaje adecuado en el sistema público sanitario actual.

En este punto, en CSIF han afirmado que en lugar de propiciar enfrentamientos y tensiones innecesarias y perjudiciales entre el personal sanitario, “lo que debe hacer Sacyl es tomar medidas” para reducir y evitar las agresiones que sufren los profesionales sanitarios, ya que el sindicato independiente alerta del “continuado incremento” de las mismas en los últimos años. Algo que tiene que ver “con los recortes que se están produciendo y, por lo tanto, a la organización y a la estructura, que está afectando a la calidad de los servicios sanitarios”.

El propio observatorio de la Junta refleja un incremento del 22% de incidentes y de un 37% del personal sanitario agredido en los últimos cinco años, de 2012 a 2016. En concreto, el número de incidencias, en estos últimos cinco años, han sido 331 (2012), 360 (2013), 375 (2014), 389 (2015) y 427 (2016). En cuanto a los profesionales agredidos, la progresión de las cifras son 389, 432, 435, 461 y 525.

Respecto al último año, de 2015 a 2016, el incremento de los profesionales agredidos ha sido de casi un 14%, siendo Enfermería el sector más afectado. De este total de agredidos, 427 han sido mujeres, es decir, un 83,5% del total.

CSIF considera estos datos “inaceptables e injustificables”, por lo que reclama “a los responsables políticos, y no sólo a los de la administración sanitaria, la adopción de medidas preventivas y coercitivas eficaces”, como es la presencia de seguridad privada en los centros, especialmente en los servicios de mayor afectación (Psiquiatría y Urgencias).