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La Junta de Andalucía estudia el modelo de Servicios Sociales de Castilla y León, referente nacional

La Junta de Andalucía estudia el modelo de Servicios Sociales de Castilla y León, referente nacional

CASTILLA Y LEóN
Actualizado 18/02/2020 10:08

En la reunión que mantuvieron la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María Carmen Cardosa y el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Pablo Rodríguez, junto a sus equipos técnicos, se puso de manifiesto el interés por conocer el sistema de Atención a la Dependencia que se presta en Castilla y León. Un encuentro en el que se recordó que en nuestra Comunidad no existe lista de espera y se han reducido los plazos de reconocimiento del derecho para recibir dicha prestación a tres meses. Además, Castilla y León sigue obteniendo la mejor nota de España como lo demuestra el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En las dos jornadas de trabajo que han mantenido, los responsables de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León explicaron a sus homónimos la importancia que tiene en nuestra comunidad el Acuerdo Marco, para la prestación de los Servicios Sociales, lo que hace que el modelo implantado en Castilla y León sea el más eficiente de toda España, como lo demuestran las notas y valoraciones que se obtienen todo los años en el dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y el no tener lista de espera (98,5 % de personas atendidas) en la concesión de las prestaciones.

Desde los Servicios Sociales de Castilla y león, explicaron que este modelo se basa en la Cooperación entre las Administraciones locales y la autonómica, y la colaboración directa con el Tercer Sector. Asimismo regula la financiación que el Ejecutivo regional transfiere a las corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales, como son los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las nueve diputaciones provinciales en el que se incluyen los distintos servicios que se prestan a los ciudadanos, con un presupuesto mínimo de 448 millones para el período 2020-2023.

Los representantes del Gobierno de Andalucía conocieron también cómo la Junta de Castilla y León mantiene la Red Coordinada de Servicios Sociales que permite potenciar la atención y garantizar los empleos de los 1.241 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por el Ejecutivo Regional. Además, se les explicó dentro del Acuerdo Marco, el funcionamiento de la Red de Protección a las Familias en la que el Gobierno Regional invierte 71 millones de euros e incluye una serie de programas de protección a las familias y personas en riesgo de exclusión social, entre los que se encuentran el Servicio de apoyo familiar y técnico para familias vulnerables, que atiene al año a 3.169 personas en Castilla y León.

Asimismo, se puso de manifiesto que para reforzar la atención a las situaciones de dependencia es fundamental el servicio de ayuda a domicilio que atiende al año a 29.700 personas en nuestra Comunidad y que está destinado a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal junto a la teleasistencia, la formación para cuidadores no profesionales y los programas para personas con discapacidad, de envejecimiento activo y prevención de la dependencia.

Entre otros asuntos que se trataron en la reunión destacaron también la colaboración socio sanitaria o los avances en innovación que se están implantando en nuestra comunidad (teleasistencia avanzada, programa Quires o programa Argoss de interconexión entre la historia social y la historia clínica de los pacientes).

Finalmente se analizó el procedimiento para obtener el reconocimiento a la generación del derecho a la prestación de las personas dependientes. En Castilla y León a partir del uno de enero el plazo es de tres meses mientras que, tal y como destacó la viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, María Carmen Cardosa, en la Comunidad que representa ese plazo es mucho mayor, por lo que considera imprescindible reducirlo tomando como modelo a Castilla y León.

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