Los trabajadores de las residencias anuncian una concentración semanal los miércoles para rechazar la privatización

Los trabajadores consideran que la intención de Antonio Pardo de privatizar los centros responde a una falta de sensibilidad en materia de servicios sociales, y quiere engañar a la sociedad alegando que no puede soportar el gasto. Refieren que se trata de un servicio que presta la administración, y no de una empresa particular con ánimo de lucro y, por tanto, al igual que la sanidad, la educación y otras prestaciones del Estado, no tienen por qué obtener beneficios.

Los trabajadores también quieren hacer saber que la Diputación se verá obligada a ofrecer a las entidades privadas que opten por hacerse con su gestión, varios millones de euros anuales para que puedan obtener beneficios.

"Además de los trabajadores, muchos diputados y políticos no ven con buenos ojos este intento de privatización, y se cree que es más un rechazo personal del presidente a los centros que una necesidad", afirman los empleados de las residencias.

Alegan que los presupuestos de la Diputación están saneados y que el presidente ha bloqueado desde hace tiempo los ingresos en las residencias, para poder justificar así su inviabilidad. Sostienen que no se va ahorrar el dinero que pregona, y que su intención es "derivarlo hacia otras inversiones menos necesarias, pero donde él pueda hacerse notar".

Las cuatro residencias de la Diputación albergan residentes ancianos y enfermos crónicos que, por situación personal y familiar, no pueden valerse por sí mismos, ni pagar el coste de una plaza privada, explican los trabajadores. "Los ratios de personal que trabaja en las mismas son adecuados con la Ley y la calidad asistencial es intachable, aspectos que se verán resentidos notoriamente en el caso de la posible gestión privada, situación en la que se prevén pérdidas de puestos de trabajo y de derechos laborales", añaden.

Por otro lado también hacen un llamamiento a la sociedad, especialmente a los demás trabajadores de la administración pública, para que se unan a sus protestas, en las que se defiende los derechos de los trabajadores de la administración y la calidad de los servicios prestados.