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CAPITAL

SATSE valora positivamente que los sanitarios sean autoridad pública

Actualizado 09/01/2014 11:44:24

Desde el 1 de enero de 2014 estos profesionales gozarán de la protección reconocida por la ley a tal condición, así como de la presunción de veracidad, y las agresiones a los mismos serán delito de atentado a la autoridad pública, además de que intervendrá de oficio el ministerio fiscal en los casos graves.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, de Castilla y León ha valorado este jueves de manera positiva la modificación legislativa por la que en esta Comunidad se establece que los profesionales sanitarios serán autoridad pública, una consideración que han recordado venían reclamando desde hace más de siete años “y que supone una garantía y una seguridad” para estos profesionales en el ejercicio de su trabajo.

El pasado 27 de diciembre de 2013, el BOCyL publicaba la Ley 11/2013, de Medidas tributarias y reestructuración del sector público autonómico, en la que se incluía la disposición final séptima que modificaba la Ley 8/2010 de Ordenación del sistema de salud de Castilla y León y esta modificación, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2014, introduce un apartado por el que enfermeros, matronas y fisioterapeutas tendrán la consideración de autoridad pública y gozarán de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente.

En este sentido, SATSE ha aplaudido este paso porque las agresiones a sanitarios “pasarán a tener la consideración de delito de atentado contra la autoridad pública, frente a la anterior consideración de falta, además de que los hechos constatados por estos profesionales gozarán también de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito”, esto es, la carga de la prueba recaerá en el presunto agresor.

Asimismo, en caso de que se produzcan casos graves como las agresiones, el ministerio fiscal intervendrá de oficio, algo que no ocurría hasta la entrada en vigor de esta modificación.

Igualmente han querido resaltar que si bien es muy positiva la medida, “llega con un notable retraso frente a otras comunidades autónomas, que ya cuentan desde hace años con una normativa que consideraba autoridad pública a los sanitarios”. Así, han recordado que ya reclamó esa consideración al anterior consejero de Sanidad de Castilla y León hace más de siete años “porque supone dar mayores garantías de seguridad a estos profesionales en el ejercicio de su labor”.

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