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Dudan de la rentabilidad de los rodenticidas contra los topillos

Dudan de la rentabilidad de los rodenticidas contra los topillos

SORIA RURAL
Actualizado 28/01/2014 13:42

Desde la organización GREFA señalan que en las plagas de 2006 y 2007 la inversión realizada no justifica ni el gasto invertido, ni los daños ambientales producidos sobre otras especies.

El Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su hábitat (GREFA) ha señalado que las medidas que buscan combatir las plagas del topillo campesino en la región, no justificaron ni las inversiones realizadas, ni tampoco los daños ambientales que consideran que acarrearon.

La última explosión demográfica de este roedor registrada en Castilla y León, durante los años 2006 y 2007, fue catalogada como plaga agrícola. Para tratar de disminuir las pérdidas económicas, se llevó a cabo un programa de control basado en la aplicación masiva y a gran escala de rodenticidas, gestionado desde la Consejería de Agricultura de Castilla y León y ejecutado por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), ayuntamientos, cámaras agrarias y propietarios particulares de parcelas.

Desde esta organización han recordado que, tras declarar en los medios de comunicación que la campaña de tratamiento había controlado la explosión demográfica en mayo de 2008, la plaga se dio por concluida y la valoración final fue etiquetada de éxito, evaluando la reducción de la población en un 92% (Junta de Castilla y León 2008).

Así, han reseñado que durante parte del periodo de ejecución de estas campañas (febrero a agosto de 2007), se observaron efectos letales sobre distintas especies, que o bien habían consumido el cebo envenenado (semillas de cereal), o bien habían consumido presas o carroña que previamente había ingerido dicho cebo (Olea et al, 2009)

La primera campaña de envenenamiento comienza en marzo de 2007, "distribuyéndose semillas de cereal tratadas con un rodenticidas anticoagulante (clorofacinona)" en superficie mediante abonadoras, y aplicándose la máxima dosis autorizada sobre una superficie de 20.000 hectáreas. A partir de julio de este mismo año, y según han reseñado, una segunda campaña de envenenamiento con el mismo compuesto fue llevada a cabo en una superficie de 100.000 hectáreas, combinándola con la quema de rastrojos en bordes de caminos y carreteras, que afectó a 37.000 kilómetros lineales. La tercera campaña, desarrollada durante febrero y abril de 2008, consistió en la aplicación de bromadiolona, "un rodenticida altamente tóxico tanto paro roedores, como para otras especies no diana que tengan acceso al cebo".

La primera campaña fue denunciada ante los Juzgados Regionales y la Comisión Europea, por colectivos conservacionistas. Tanto la metodología de aplicación del veneno (grano en superficie), como el cebo empleado, "hacían accesible dicho cereal tratado a distintas especies granívoras presentes en la zona de tratamiento, y también a sus predadores", han observcado, poniendo como "ejemplo claro" de esta situación, destaca la prohibición que se impuso sobre el consumo de palomas domésticas por riesgo de intoxicación.

Siguendo en la cronología de los métodos utilizados, en la segunda campaña, el veneno se aplicó en el interior de tubos de plástico, para reducir la accesibilidad del veneno a otras especies. Sin embargo, esta medida "no tuvo el éxito deseado ya que a menudo el grano envenenado caía fuera de los tubos quedando accesible a otras especies".

La tercera campaña destacó por los efectos que produjo sobre otras especies no diana, como predadores y carroñeros, "teniendo en cuenta las propiedades químicas de la bromadiolona".

Tras la finalización de la campaña, han indicado que las cámaras agrarias locales, ayuntamientos y agricultores particulares, almacenaron toneladas de cereal tratado, así como pastillas con bromadiolona como una medida 'preventiva' frente a nuevas explosiones demográficas. Sin embargo, la aplicación de rodenticidas se llevó a cabo de forma "excepcional, debido a la declaración oficial de plaga, con lo que no se explica para qué se aprovisionaron de rodenticidas si su aplicación es ilegal fuera de este periodo".

Previamente a la tercera campaña de veneno, los datos de campo mostraban un declive asociado al colapsamiento natural de las poblaciones de topillo campesino ya registrado en anteriores plagas en Castilla y León, según datos del MAGRAMA. Durante las campañas con clorofacinona, "se encontraron elevados porcentajes de mortalidad en otras especies asociadas a la aplicación de venenos", tales como el 100% de los ánades reales analizados, el 96% de palomas domésticas, ó el 38% de las liebres. "Y también aparecieron casos de envenenamiento de especies protegidas o amenazadas como calandrias, busardos ratoneros, y avutardas. Datos que para esta organización "demuestran el riesgo que supone el uso del veneno en grano para otras especies no diana, granívoros y sus predadores".

De igual modo, han reseñado que la mortalidad causada por el veneno produjo disminuciones poblacionales importantes en varias especies, como liebres, zorros, milanos reales y otras rapaces.

Datos contradictorios

En cuanto a la gestión de las campañas, desde GREFA han observado por su parte lo que consideran como "datos contradictorios". Así, la tercera de estas, con el anticoagulante más potente y con mayor riesgo de transferencia trófica, "se ejecuta cuando se habían detectado ya los primeros síntomas de colapsamiento natural de la plaga". Además, la propia Junta, "proclama el 2007 como año récord de cosechas a pesar de haber invertido 24 millones de euros en las campañas de control químico, frente a 7 millones en pagos de daños". Sin embargo, a nivel local, la plaga de topillos "causó daños importantes" en algunas explotaciones, sobre todo de alfalfa. Pero estos daños se han estimado menores al 1% de la producción agraria total de Castilla y León en 2007, y por tanto, "es dudoso que la importante inversión en control químico haya sido realmente rentable".

Por ello, han concluido que "la información disponible sobre el impacto de la plaga en la producción agraria no justifica ni el gasto invertido ni los daños ambientales producidos sobre otras especies, algunas con claro interés económico, como palomas domésticas o liebres.

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