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CAPITAL

CSI-F acuerda un protocolo antiviolencia donde la amenaza verbal es una agresión al funcionario

Actualizado 23/07/2014 17:49:43

Este nuevo texto con el Ministerio de Empleo va más allá de la mera agresión física. Confían en que la iniciativa se extienda pronto no sólo al conjunto de la administración del Estado, sino también a la autonómica y a la local.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha dado un paso importante en su lucha por prevenir y evitar la violencia contra el empleado público, en su puesto de trabajo. El sindicato y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han aprobado un protocolo de actuación que contempla, como episodio de violencia, las conductas verbales o físicas amenazantes, a efectos de prevenir y contabilizar las agresiones.

Así se indica en el acuerdo alcanzado entre CSI-F y el Ministerio de Empleo, que se pone en marcha como experiencia piloto en la oficina de la Seguridad Social de Ciudad Real, y que CSI-F espera que se extienda pronto al conjunto de la Administración General del Estado, así como en comunidades y ayuntamientos.

Las reivindicaciones de la agrupación sindical hicieron posible, recientemente, la puesta en marcha de una póliza de seguros en las oficinas de empleo. Ahora, este protocolo amplía el concepto de violencia más allá de la mera agresión física. También se contempla la elaboración de un registro y estadística anual de situaciones violentas. Aunque hasta el momento no existen datos sistematizados, la información de los delegados sindicales evidencia que existe una realidad silenciosa de agresiones y amenazas contra el empleado público en su puesto de trabajo, y así lo reconoce también la propia Administración con este protocolo.

El documento establece una serie de indicaciones específicas y grados de alerta para actuar, en el caso de que se produzcan agresiones, como la solicitud de ayuda inmediata a compañeros, superiores jerárquicos y personal de seguridad; la alerta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; o la atención del trabajador agredido. Asimismo, se contempla la notificación del incidente en un Modelo de Registro de Atenciones, la denuncia a la autoridad competente, la asistencia letrada con cargo a la Administración y, en su caso, la remisión a la Fiscalía para que actúe conforme al artículo 550 del Código Penal, que establece como delito las agresiones contra los funcionarios públicos.

Tras la rúbrica de este acuderdo, el sindicato se ha felicitado porque supone un avance en la sensibilización social del problema de las agresiones, dando visibilidad a este tipo de situaciones violentas que, en demasiadas ocasiones, sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada.

"Este tipo de situaciones violentas se ha elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis", han lamentado en CSI-F, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en algún ámbito concreto, no es posible determinar una cifra de empleados afectados. Sin embargo, administración y CSI-F han coincidido en subrayar que los casos de violencia agresión que se conocen son solo la punta del iceberg, que esconde una realidad que es necesario denunciar y prevenir.

Así mismo, en el sindicato independiente han señalado que desde el comienzo de la crisis económica, los empleados públicos han sido objeto de una campaña de desprestigio sin precedentes, “en la que se nos responsabilizó directamente de las causas de la recesión y de los recortes, cuestionándose nuestra labor, el volumen de las plantillas e incluso nuestra función social”, concluye el sindicato independiente, “circunstancias que han podido propiciar una mayor predisposición a la agresividad”.

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