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CAPITAL

STE insiste en su postura contraria a la LOMCE

Actualizado 09/04/2015 13:24:42

En el sindicato de enseñanza en Soria consideran que la aplicación de esta normativa es precipitada y caerá sobe “las espaldas del profesorado”.

El sindicato de la enseñanza STE en Soria ha mostrado este jueves su postura contraria a la nueva ley de educación, LOMCE. En la agrupación sindical han recordado que ya en el curso pasado criticaban las políticas de “imposición e implantación” de este texto que “rechazan rotundamente” en Primaria y Fomarción Profesional Básica. Así, han relatado que en el mes pasado, la Consejería inició con los sindicatos y Consejo Escolar una ronda de reuniones para tratar sobre las órdenes de implantación de Secundaria y Bachillerato el curso próximo.

“La Administración, irónicamente, denomina a estas mesas de trabajo negociación”, han señalado, añadiendo que el tiempo para analizar los documentos “raya la inmediatez”. De igual modo han incidido en que cualquier aportación de carácter básico es rechazada “sobre la base de un encorsetamiento al texto de la ley educativa con menor consenso en la historia de nuestro país”. Así, tal y como sucedió en Primaria el curso pasado, “los centros de Secundaria terminarán en junio a la vez que se publican en BOCyL los currículos para el curso 2015-2016, y empezarán en septiembre bajo la presión de la elaboración de las nuevas programaciones, el aumento de la burocratización, la reorganización de asignaturas y horarios”.

En definitiva, han insistido que el Ejecutivo está “intentando sacar a flote una enseñanza de calidad de un mar de cambios legislativos movidos tan sólo por las olas del oportunismo político”, sin olvidar que este reglamento “caerá sobre las espaldas del profesorado” y que se llevará a cabo “de forma precipitada”.

Como agentes sociales en Soria consideran que tienen la obligación de opinar y proponer sobre currículos y asignaturas en la ESO y el Bachillerato, sobre el desarrollo de la LOMCE en Primaria y FP Básica, sobre evaluaciones, reválidas, condiciones laborales y otras medidas, una vez que se ha empezado a desarrollar la normativa autonómica. “Seguiremos denunciando los aspectos más regresivos de la LOMCE y trabajando, primero por su derogación, y dadas las circunstancias, para que su desarrollo suponga el menor daño posible para el alumnado, el profesorado y la Escuela Pública en su conjunto”, han señalado este jueves en el colectivo docente.

También han avanzado que apoyarán “medidas de freno y resistencia” sobre aquellos aspectos que constituyen un ataque al modelo de educación igualitario, tales como la privatización de la enseñanza; la segregación temprana del alumnado; ranking de centros, y el retroceso en el modelo de escuela laica. A esta relación se suman otros capítulos como “la poda de asignaturas; abandono del carácter integral y común del currículo de la educación básica; concepción de la educación como una carrera de obstáculos para superar pruebas y reválidas, y los impedimentos a la participación democrática de la comunidad educativa en los centros”.

Estas mismas fuentes han avisado que continuarán promoviendo la movilización del profesorado y de la comunidad educativa de la enseñanza pública “en contra de la política de recortes y las normas que los sustentan en los planos estatal y autonómico”.

Así mismo, “seguiremos movilizándonos en contra de las políticas de imposición, contrarreformas educativas y recortes del Gobierno Central y del MECD, quienes en las últimas fechas están suscitando un frente amplio de rechazo a su decreto sobre los grados universitarios y a su plan para contratar a titulados universitarios como becarios, en vez de recuperar el empleo del profesorado interino despedido.”

Por último, en el sindicato consideran que grupos políticos y organizaciones sociales están obligados también a “dar pasos adelante y plantear alternativas de futuro para nuestro sistema educativo”, para lo cual han exigido un debate real que permita construir un modelo educativo “comprometido” con la escuela pública a partir del máximo consenso social y político, “más allá de lo que ahora se nos impone sin diálogo y con rodillo parlamentario”. Por ello, han mostrado su confianza en que en un futuro próximo, tras las elecciones, se abra un marco de diálogo que permita confrontar ideas y propuestas, en un proceso de diálogo abierto del que ha carecido la LOMCE.

Reivindicaciones básicas

En sus exigencias, STE Soria aboga por que la prioridad de la administración educativa pase por favorecer medidas que garanticen la calidad de todos y cada uno de los centros educativos públicos, salvaguarden la igualdad de oportunidades de todo el alumnado y la igualdad entre los centros educativos, “justificándose mayores dotaciones para aquellos centros enclavados en entornos socioculturales más desfavorecidos”.

Así, han puesto en acento en el carácter integral y común del currículo para el conjunto del alumnado del currículo en la educación básica. Mismo horario, según etapas educativas, en nº de horas y mismo calendario en número de días para todos los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados).

También han reivindicado el mantenimiento de todos los puestos de trabajo en las plantillas docentes, así como garantizar las plantillas necesarias para la atención a la diversidad, los programas de FPB y las nuevas necesidades de escolarización. “Pedimos un pacto entre el Ministerio de Educación y las Comunidades Autónomas y las CCAA para garantizar una oferta de empleo amplia en el conjunto de las Comunidades, que pueda cubrir todas las jubilaciones y aquellas plazas que ya están funcionando con profesorado interino, retirando las actuales limitaciones en la tasa de reposición de efectivos docentes”. Una petición a la que añaden un marco común básico de plantillas para todos los centros educativos públicos, favoreciendo su estabilidad y con medios suficientes para la atención a la diversidad del alumnado.

Además, también han requerido medidas que favorezcan el trabajo en equipo del profesorado de los centros, la “desburocratización” del trabajo docente y la participación del conjunto de la comunidad educativa en la potenciación de los proyectos educativos de centro, así como medios suficientes para la formación permanente del profesorado y la atención a la diversidad del alumnado.

Otro de los puntos que exigen es la negociación de los planes regionales sobre reducción de fracaso escolar y abandono educativo temprano, así como en la negociación de los modelos de especialización de centros docentes que ya se vienen aplicando, tales como Secciones Bilingües, Bachilleratos de Investigación y Excelencia, Contratos Programa así como de otros programas de refuerzo y mejora de resultados éxito educativo.

“Dado que nuestra comunidad autónoma se caracteriza por la dispersión geográfica y la aún importante impronta rural, debe garantizarse una oferta educativa compensadora y de calidad para la población del medio rural. Por ello proponemos un pacto para blindar y mejorar la actual oferta educativa pública en el medio rural”, han incidido.

Por otro lado, en sus demandas reclaman financiación suficiente por parte del Ministerio de Educación para aplicar aquellas medidas de la LOMCE que, como la Formación Profesional Básica, la ESO y los Bachilleratos, “suponen un incremento del gasto educativo para las autonomías”. A ello han reclamado a la Junta “unos claros compromisos de financiación con un Pacto en las Cortes de Castilla y León, así como entre las regiones y el Estado, que impida la congelación y el retroceso en el Gasto Público destinado a la Educación, en especial y prioritariamente el destinado a los Centros Públicos”.

Y ya, para concluir, con carácter general, han exigido la sustitución inmediata de las bajas docentes y que tanto las administraciones regional y estatal “arbitren medidas para la progresiva recuperación de los salarios recortados al profesorado y personal no docente, así como la mejora en los presupuestos públicos de las partidas para bancos de libros, becas de estudios y ayudas de comedor”.

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