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SORIA RURAL

Piden el desarrollo de la Ley Agraria regional para reequilibrar la cadena alimentaria en 2017

Actualizado 03/01/2017 13:42:10

En UPA-COAG apuntan que otro reto para este año pasa favorecer el relevo generacional en el sector agrario; infraestructuras de regadío, modernización de explotaciones; y medidas contra el despoblamiento rural impulsando la actividad de las explotaciones familiares del sector.

La Alianza UPA-COAG ha apuntado este martes, como uno de los principales retos en el mundo rural de Castilla y León en el año 2017, que se adopten medidas tanto a nivel nacional como regional para reequilibrar la cadena alimentaria, y que por lo tanto los agricultores y ganaderos perciban unos precios justos por sus producciones.

Así, ambas OPAs (organizaciones profesionales agrarias) han recordado que 2017 "no puede convertirse en un año perdido como ha sido 2016", en el desarrollo de figuras claves como la figura del defensor de la cadena alimentaria; la Junta de Arbitraje y Mediación; y el Observatorio Regional de la Cadena Alimentaria, para resolver la problemática del desequilibrio de la cadena agroalimentaria, en la que unos eslabones "pasan penurias, agricultores y ganaderos, y otros se enriquecen con porcentajes de beneficios cada vez más abusivos, industria y distribución".

Así, han reclamado al Gobierno regional que a través de la Ley Agraria ·dé un paso al frente y aborde sin dilación alguna este problema", y además, "demuestre con hechos que está del lado de un sector estratégico como es el agrario velando por la obtención de precios justos para todos los sectores agrícolas y ganaderos".

En la Alianza han reclamado para 2017 que se avance en la consolidación del diálogo social agrario a través de nuevos órganos consultivos que permitan avanzar en logros que son urgentes para la generación de riqueza y empleo en comarcas y zonas especialmente desfavorecidas y acuciadas por el grave despoblamiento que sufre el medio rural.

Otro de los grandes retos en este 2017 es que se aporten soluciones a los sectores ganaderos de leche (vacuno, ovino y caprino) en Castilla y León puesto que "n año más en las condiciones actuales de precios por debajo de los umbrales de la rentabilidad dejará al borde de la desaparición a cientos de profesionales por todo el territorio regional".

Además, han recalcado que estarán vigilantes a lo que ocurra tras la desaparición de las cuotas remolacheras en septiembre de este año, "y seguiremos luchando en los tribunales de Justicia para que se lleve a efecto la sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia, que ha decidido dar la razón a la reclamación de la Alianza UPA-COAG contra el Gobierno regional, para que pague a 5.315 remolacheros de Castilla y León los 3 euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día".

Ambas OPAs han señalado también que esperan que los profesionales del sector no sufran un año más el incremento especulativo de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas. Además, han instado al Ministerio de Agricultura para que recupere en este mismo año el porcentaje de apoyo a los seguros agrarios, en los cuales durante 2016 se ha reducido en 10 puntos de ayuda, "lo que ha supuesto un incremento considerable para el bolsillo de los agricultores y ganaderos", han afirmado.

De igual modo, consideran clave que la Administración regional "actúe con responsabilidad" ante lo califican como "gravísimos perjuicios" que está provocando la fauna silvestre en la agricultura y ganadería castellano-leonesa.

Así mismo, han reclamado a las administraciones oficiales que los recortes sociales no sigan afectando a las mujeres rurales y, por lo tanto, "al impulso del crecimiento económico de los pueblos. Es fundamental avanzar en materia de igualdad, conciliación, sanidad, educación, infraestructuras y en servicios de atención a las víctimas de violencia de género".

Con todas estas premisas, en la Alianza UPA-COAG han pedido "sentido común" a las administraciones para que los profesionales del campo "no se sientan abandonados por las instituciones en su derecho de percibir unos precios justos y unos servicios sociales de primera categoría, además de sentirse valorados por el papel tan fundamental que desempeñan a la hora de producir alimentos de calidad para toda la población".

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