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El futuro: el café, en casa

El futuro: el café, en casa

REPORTAJES
Actualizado 08/12/2017 20:47
Encarna Muñoz

La Asociación Cultural San Roque deberá, si la situación no sufre un giro de 180º, hacer frente a una multa cercana a los 20.000 euros. Los motivos, tener abierta una barra de bar durante 3 horas al día con una persona que ejerce de camarero y no está dada de alta en la Seguridad Social. En el pueblo no dan crédito y temen perder el único lugar de reunión para los vecinos.

Póngase en situación. El pueblo donde reside va desangrándose de habitantes año tras año. Se cierran tiendas, los servicios van a menos y, por último, el cartero le visita con una multa que amenaza con dejarles sin el último lugar de reunión para los vecinos. Así, puede parecer un planteamiento hipotético pero es precisamente lo que ha ocurrido en Muriel Viejo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social reclama una multa a la Asociación Cultural San Roque que se resume en unos 20.000 euros. De forma desglosada serían 13.000 euros por pagos de cotización y 3.500 por la sanción propiamente dicha. Pero a estos 17.500 euros habría que sumar las costas procesales si, definitivamente, son cargadas al colectivo local.

La denuncia llegaba a los integrantes de esta asociación en el mes de junio, después de una visita de un inspector del área de Trabajo al local que tienen en los bajos del edificio consistorial. Este, después de realizar las pertinentes preguntas de investigación, consideró que al no estar registrados como actividad empresarial no podían prestar un servicio con afán de lucro como es el de un bar. Una irregularidad que se veía agravada por mantener a una persona a cargo de la barra y que no estaba dada de alta en la Seguridad Social.

Desde la Asociación San Roque, además de mostrarse muy sorprendidos por la denuncia ante Trabajo, ya que saben que no se trató de una visita de oficio; se defienden alegando que se trata de una forma de financiar sus actividades. Olga Pérez, miembro de la junta directiva del colectivo señala que "con las cuotas de socio apenas se cubren gastos y las pocas ventas que se realizan durante las tres horas que el bar está en funcionamiento sirven para mantener en pie la asociación. Lo que se saca por los cafés sirve para comprar más y pagar la luz y la calefacción". Además, el que se reclama es un dinero al que no pueden hacer frente. "El centenar de socios que actualmente pagan una cuota de 10 euros al año no va a poder desembolsar 200 euros de golpe y, mucho menos, si en cada casa hay 4 o 5 socios, es impensable".

Decepción en la Asociación Cultural San Roque

Comprobamos estas declaraciones in situ. En el local de la Asociación San Roque encontramos una quincena de vecinos de todas las edades, pues este también es la sede de la Asociación de Jubilados. Todos, jóvenes y no tan jóvenes, se muestran muy decepcionados con la decisión de la Inspección de Trabajo. Les achacan falta de sensibilidad o gran desconocimiento del medio rural. “Si supiesen que es el único lugar que los murielenses tenemos para tomarnos un café en compañía igual se planteban su decisión”, declara una mujer que aparta la vista momentáneamente de una partida de cartas. Y es que también nos dice que “el último bar de este municipio cerró hace ya más de 20 años”.

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Otra de las mujeres integrantes de esta emocionante competición reacciona ante las palabras de su compañera: “Todo el día están hablando de la despoblación y el envejecimiento de los pueblos pero aquí nadie hace nada porque los pocos que resistimos podamos tener una vida normal. Parece que quieren que nos encerremos en casa”. Eso sí, ambas comparten la opinión de que “las cosas se arreglan hablando y por las buenas. Si nos cierran esto daremos guerra pero no lo haremos a la tremenda”.

También continúa en el local el camarero afectado. Él, ante el miedo a la posible sanción, se ha dado de alta en el régimen de autónomos. La cuota reducida, de momento, le permite continuar atendiendo a sus vecinos. “Ayer hice de caja 30 euros y el día de antes, 15. Si alguien entiende de hostelería verá que esto no es rentable. En cuanto tenga que pagar la cuota normal me iré y ya no habrá nadie al frente”.

Y el posible cierre del local vuelve a levantar ampollas. Otra vecina de Muriel aprovecha nuestra presencia para mandar un mensaje directo al inspector de Trabajo. “Recapacita y piensa que Soria es muy grande. Si has empezado por Muriel tendrás que continuar por toda la geografía soriana y hay muchos casos muy similares al nuestro”.

Torres de Arcas, un caso parecido

La Asociación Cultural San Roque nació hace cuarto de siglo, cuando el último bar de la localidad estaba echando el cierre. “Queríamos frenar la estampida y darle vida a Muriel, demostrar que merece la pena vivir aquí, apostar por el medio rural”, nos dice otro miembro de la Junta Directiva. Ellos son los encargados de organizar los actos del Jueves Lardero, carnavales, las ánimas... Ahora todas estas actividades que conseguían llenar de jóvenes el pueblo dependen, por lo que parece y a falta de lo que en el pueblo califican como “milagro”, exclusivamente de una decisión judicial. Pérez aclara “no podemos hacer nada más. Lo único que puede suceder es que Trabajo revoque su resolución, algo que el abogado nos ha planteado como casi imposible. Por eso hemos decidido dejar e escondernos, movernos y que se conozca nuestra situación”.

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Y es que, a pesar de las alegaciones presentadas por los socios de esta organización, todo apunta a que este asunto llegará a los tribunales. Antes de que acabe el año deberán interponer un recurso contencioso-administrativo. Un caso que será completamente nuevo. Los precedentes similares se archivaron antes de llegar a la vía judicial. Por ejemplo, en el municipio turolense de Torres de Arcas ocurría un caso prácticamente calcado en el año 2012. La Inspección de Trabajo reclamaba a la Asociación San Miguel 10.000 euros por tener abierto un bar para dar servicio a sus 26 vecinos. Lo mismo sucedió en otras localidades gallegas y el resultado fue idéntico, el archivo de la causa antes de ir a jucio.

La alcaldesa, Ana María Bárcenas, ha querido pronunciarse al respecto. “Desde el ayuntamiento respetamos la legalidad pero creemos que la ley está para interpretarse en función de las características particulares de cada caso. No es lo mismo poner un bar en el centro de Valladolid que en un pueblo de 46 vecinos. Aquí el local tiene una función social y apoyamos a la asociación al 100%”.

El aliento del resto de la provincia está siendo prácticamente unánime. Soria se está volcando con este colectivo y prueba de ellos son las firmas registradas en la aplicación Change.org. Más de 6.500 llevan por el momento, pero la cifra no para de ascender. Su objetivo es alcanzar las 7.500 para poder aumentar de este modo la presión sobre el organismo.

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