La Junta ofrece seguridad jurídica a los informantes de presuntas infracciones en la Administración autonómica

En mayo de 2023, las Cortes de Castilla y León aprobaron por unanimidad la creación de un canal interno de denuncias en la Junta de Castilla y León, el cual recoge las comunicaciones por aquellas acciones u omisiones que puedan constituir infracciones del Derecho de la Unión Europea, o que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave. Tras esta aprobación, el titular de la Inspección General de Servicios de la Consejería de la Presidencia fue habilitado como el responsable de este sistema interno de información.

De esta manera, la Junta cumple con la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, con dos objetivos: proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de información.

La implantación de este Sistema Interno de Información, que ya lleva un año habilitado y funcionando en el seno de la Administración autonómica, hace necesaria la creación de un procedimiento para la gestión y la tramitación de las comunicaciones que se reciban. Este es el objetivo de este Decreto, aprobado hoy en Consejo de Gobierno.

Dicho Decreto recoge los principios de actuación con los que la Inspección General de Servicios tratará las comunicaciones recibidas: independencia, objetividad, respeto a la presunción de inocencia y al derecho al honor de los afectados, garantía de anonimidad y confidencialidad, celeridad en las tramitaciones, proporcionalidad en las actuaciones, y pluralidad de vías de acceso para la presentación de las informaciones.

Dentro de este último punto, el Decreto prevé que las comunicaciones puedan presentarse a través de la web de la Junta de Castilla y León, por correo electrónico, mediante llamada telefónica al servicio de atención al ciudadano 012, por escrito en las oficinas habilitadas a este efecto, o de forma presencial mediante la solicitud de reunión.

La anonimidad del denunciante está garantizada siempre que así se desee. De hecho, cuando la comunicación se lleva a cabo a través de la página web, el sistema proporciona un buzón al que acceder a través de un código generado aleatoriamente para que el usuario pueda consultar avisos y notificaciones, o aportar documentación adicional. De esta forma, se consigue que el denunciante cuente con su espacio personal de forma virtual sin que sea necesario proceder a su identificación.

Cabe recordar que, de forma complementaria a este canal interno, la Cortes de Castilla y León ya han puesto en marcha el canal externo de denuncias para entidades públicas a través de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas –aprobada por el Parlamento autonómico– y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el 14 de mayo. Este nuevo órgano, que ahonda en la seguridad y la confidencialidad de cualquier persona que presente información sobre cualquier entidad, se adscribe al Consejo de Cuentas de Castilla y León, en cuya responsabilidad recae la elaboración de su organigrama y la redacción de su reglamento.

Un año del canal interno de denuncias

El canal interno de denuncias lleva funcionando desde mediados de 2023, bajo las mismas condiciones que las que se recogen en este Decreto, que, en cualquier caso, se aprueba para ofrecer seguridad jurídica a todos los usuarios de este servicio.

Durante el año 2023, este canal recibió cinco solicitudes para investigar presuntos incumplimientos, todos relacionados con asuntos administrativos, y ninguno para denunciar presuntos casos de corrupción. De estas cinco solicitudes, dos fueron rechazadas de plano por no cursar sobre hechos susceptibles de investigación, y las otras tres supusieron el inicio de investigaciones internas por parte de distintos órganos de la Junta de Castilla y León, tras comunicación de la Inspección General de Servicios. Ninguno de estas investigaciones dio lugar a procedimientos judiciales.

Los tres presuntos incumplimientos investigados fueron archivados: dos de ellos, por ausencia de pruebas, y el otro, por la apertura de una comisión que, mediante su propio procedimiento, finalizó con una serie de medidas correctoras. Las investigaciones estuvieron abiertas durante una media de 30 días, y ninguna de ellas supuso un perjuicio económico para la Administración.

Estas solicitudes e investigaciones, que tienen un carácter estrictamente confidencial, ya han sido comunicadas convenientemente a la Comisión Europea, dando cumplimiento a la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo.