La mina de Borobia.
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PROVINCIA
Actualizado 27/03/2014 10:34:59

Los representantes de los dos grupos políticos mayoritarios en Las Cortes de Castilla y León, PP y PSOE, dieron su apoyo este miércoles 26 al provecto de magnesitas de la mina de Borobia. La proposición No de Ley contó con el voto contrario del Grupo Mixto. Las Cortes instaron hoy a la Junta a que pide a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) la autorización de la concesión del aprovechamiento de aguas subterráneas.

Para lograr el apoyo del grupo socialista, se optó por incluir una enmienda en la que piden consenso entre administraciones, también los entes locales, "garantizando la calidad de las aguas y la legalidad vigente".
El Grupo Mixto rechazó el proyecto por el "riesgo que supone para la red fluvial y escorrentías de elementos tóxicos". El portavoz, José María González, recordó que ya rechazó un proyecto similar y ahora, "de forma científica, debieran ser de sobra conocidas por Junta, Gobierno y empresa los perjuicios de la iniciativa". "Afectará a ríos cercanos y al acuífero dolomítico de Borobia y Ciria, que será contaminado", advirtió.
El procurador del PPJesús Ángel Peregrina recordó que la iniciativa supondrá más de 80 puestos de trabajo en la zona este de la provincia de Soria por parte de la empresa Magnesitas Sorianas, motivo por el que pidió a la CHE la urgencia de una autorización que aún no existe y que, de momento, impide iniciar los trabajos.
Peregrina recordó que esta mina, a cielo abierto, cuenta con unas reservas explotables de seis millones de toneladas de magnesita y 6,4 de estéril, ambos inertes, con un ritmo nominal de de 180.000 toneladas al año y una superficie de 62,9 hectáreas. El proyecto ya cuenta con la declaración de impacto ambienta favorable, con una serie de medidas correctores y protectoras, así como con el apoyo de los municipios de la zona, pero no del Gobierno de Aragón, con quien el proyecto linda.
La procuradora socialista Esther Pérez, quien incidió en que la concesión de la CHE "no debe dilatarse más" y reclamó al Gobierno una mediación para buscar consenso y que "todos los intereses legítimos lleven a buen puerto este proyecto "positivo".
Pérez defendió los efectos económicos del proyecto, "paisajística y ambientalmente", y que las inversiones generadoras "se queden en el municipio". Habló de que la iniciativa llevará consigo un centro de I+D+i en Soria y compartió la preocupación "por que el agua siga llegando de calidad a la zona, teniendo en cuenta el aumento de población con este proyecto".
La vicepresidenta de la Diputación, Ascensión Pérez, también asistió al Pleno para evidenciar, con su presenccia, el apoyo de la institución provincial a este proyecto empresarial.
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