Igea confirma que, si decae el estado de alarma, la Junta no podrá restringir derechos fundamentales vía Decreto-Ley. El vicepresidente de la Junta señala que "el plan B de la Junta es el mismo que el C y el D, rebajar al máximo la incidencia de cara al 9 de mayo".
En dos semanas, el próximo 9 de mayo, todo apunta a que decaerá el estado de alarma ya que todas las declaraciones de miembros del Gobierno apuntan a que este no se renovará. Si esto sucede habrá territorios en los que desaparezcan la mayoría de restricciones frente al coronavirus desaparezcan con indicadores correspondientes a un nivel de riesgo muy alto.
Francisco Igea, vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, ha criticado la actitud del gobierno y ha confirmado que "la Junta mantendrá su criterio", pero ha remarcado que "no vamos a trasladar la irresponsabilidad del Gobierno a esta administración". Se refiere Igea al papel adoptado por el ejecutivo de Sánchez de "no adoptar medidas impopulares" y rechazar legislar para "ofrecernos una guía de recomendaciones para evitar contagios después de un año de pandemia".
El papel de la Junta de Castilla y León se limitará a "trasladar las medidas a órdenes sanitarias", pues según ha aclarado el vicepresidente "no podemos limitar derechos fundamentales vía decreto-ley". No se podrá establecer confinamientos ni restringir movimientos más allá de "restricciones perimetrales puntuales" porque "entonces tendremos al rey de la cogobernanza metiéndonos en el Constitucional".
Volverá la Comunidad a la situación vivida el verano pasado, cuando se limitaron las salidas y entradas a algunos municipios. Igea ha concluido de forma tajante señalando que en que "las comunidades pobres no podremos hacerlo, porque si uno es catalán puede legislar de lo que le parezca".