Abierto un expediente sancionador pero la Fundación Franz Weber, denunciante de los hechos, lo considera 'totalmente insuficiente'. La ONG critica que no se actúe ante la presunta presencia de menores, el consumo de alcohol o el uso de objetos prohibidos.
La Junta de Castilla y León ha iniciado un expediente sancionador por maltrato animal durante la celebración del pasado Lavalenguas en Soria. Sin embargo, la Fundación Franz Weber (FFW), denunciante de los hechos, ha calificado esta medida como “totalmente insuficiente”. La organización critica que la respuesta del Gobierno autonómico obvia la presunta presencia de menores, personas ebrias y el uso de objetos prohibidos durante el festejo, según han comunicado esta mañana.
La polémica se origina a raíz de un escrito registrado el pasado mes de junio por la ONG internacional. En él, se alertaba, aportando imágenes, sobre diversos incumplimientos del 'Reglamento de espectáculos taurinos populares' de 1999. Según los antitaurinos, entre las irregularidades señaladas se encontraban:
Según ha comunicado la FFW, la respuesta de la Delegación Territorial de Soria se limita a la apertura de un expediente sancionador sin especificar los preceptos vulnerados. Aunque se ha identificado a una persona que, según el reglamento, podría enfrentarse a una sanción de hasta 24.000 euros por una infracción grave, la Junta no aclara la conducta concreta. La parte denunciante tilda de “surrealista” el argumento para desestimar la participación de menores, alegando “no poder acreditar la edad” pese a las imágenes aportadas.
Más allá de las sanciones, la FFW muestra su preocupación por la falta de medidas preventivas de cara a futuros festejos. Según la organización, la respuesta de la Junta “no explica si va a reforzar los medios técnicos y humanos para vigilar la realización del Lavalenguas”. Tampoco se mencionan acciones para controlar el consumo de bebidas alcohólicas en la zona del encierro, una responsabilidad que, recuerdan, recae tanto en la Junta como en el Ayuntamiento de Soria para garantizar el cumplimiento de la normativa.