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San Leonardo de Yagüe retirará el ‘apellido’ al pueblo

San Leonardo de Yagüe retirará el ‘apellido’ al pueblo

PROVINCIA
Actualizado 11/02/2016 19:21

El abogado Eduardo Ranz cumple su amenaza de denunciar al alcalde por incitación al odio al igual que a otros siete alcaldes de pueblos españoles con "denominación franquista", al considerar que incumplen la Ley de Memoria Histórica.

El abogado Eduardo Ranz ha pedido a la Federación Española de Municipios y Provincias el cambio del nombre, retirando Yagüe, por la "denominación franquista" de San Leonardo, y de otros siete pueblos ubicados en distintas provincias españolas. Con ello cumple con la amenaza de denunciar al alcalde de la localidad por mantener la "denominación franquista" lo cual puede incitar al odio a la vez que incumple con la Ley de Memoria Histórica.

Para ello, el regidor de la localidad pinariega, Jesús Elvira, convocará una sesión plenaria de carácter extraordinario con el fin de cumplir con la normativa.

Ranz ha presentado en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una petición para cambiar los nombres de ocho pueblos -a los que se suman tres pedanías- relacionados con la dictadura. Además, solicitará la retirada de subvenciones y la pérdida de derechos de pertenencia a la FEMP. "No existe mayor exaltación de la dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes de la guerra civil, en el apellido del pueblo, y por tanto, no existe mayor incumplimiento de la norma", ha explicado Ranz a los medios de comunicación.

Águeda del Caudillo (Salamanca), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla), son los nombres de los entes locales para los que se pide su retirada.El letrado, especializado en memoria histórica y derechos humanos, presentará a su vez once peticiones ante las diputaciones provinciales solicitando la retirada de subvenciones, para cumplir con la ley de memoria histórica.

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