Posada renuncia a indemnización como ex-presidente del Congreso

Posada, que ha explicado hoy en el Congreso esta decisión, ya ha expresado a la dirección del Grupo Popular su deseo de presidir alguna de las comisiones parlamentarias que empezarán a crearse la próxima semana.

Hace dos legislaturas ya estuvo al frente de la encargada de tramitar los Presupuestos y ahora le gustaría, por ejemplo, ponerse al frente de la de Asuntos Exteriores, según ha confesado.

La indemnización por cese a la que tenía derecho equivalía al 80 por ciento de su sueldo durante un máximo de dos años (es decir, en este caso supondría unos 307.200 euros, aproximadamente).

Los expresidentes del Congreso también tienen derecho, por motivos de seguridad, a tener escolta y coche oficial durante cuatro años.

Si Posada pasa a ser un diputado raso, percibirá un total de 129.864 euros en dos años, mientras que si se sitúa en la Presidencia de alguna comisión parlamentaria, percibirá 169.932 euros en ese periodo.

Legislación

Fue un decreto aprobado en verano de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy el que estableció, entre otras cosas, que los altos cargos no podían compatibilizar las indemnizaciones por cesantía con ningún otro sueldo de carácter público o privado.

Además de por este decreto, la decisión de Posada ha estado condicionada por una norma posterior, la Ley Reguladora del Ejercicio del Alto Cargo de la Administración General del Estado, aprobada en marzo de 2015 y que en su artículo 7 determina que no podrá percibir una pensión indemnizatoria quien ejerza una actividad "publica o privada retribuida aunque se renuncia a su retribución".

En otras palabras, de haberse quedado con la cesantía, Posada habría tenido que dejar el escaño porque no le bastaba con no cobrar el 'sueldo' de diputado.

Posada percibía mensualmente como tercera autoridad del Estado unos 13.750 euros incluyendo la asignación económica como diputado más el complemento como miembro de la Mesa del Congreso, la ayuda por ser parlamentario de fuera de Madrid y el dinero para gastos de representación y de libre disposición, todo ello multiplicado por catorce pagas.

En total, una retribución anual superior a los 192.000 euros, la más alta de los altos cargos de la Administración General del Estado.