Reclaman una oferta pública que reduzca la interinidad a la mitad en 4 años

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado este martes a las administraciones central, autonómicas y locales una oferta de empleo público acorde a las necesidades de los servicios públicos, que evite el abuso de la contratación del personal interino, como ha evidenciado la reciente sentencia de la Unión Europea sobre la indemnización por despido a una trabajadora del Ministerio de Defensa que llevaba 9 años trabajando con contratos temporales.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que exige una equiparación de la indemnización por despido en los trabajadores interinos-temporales y en los fijos, pone de manifiesto "la discriminación en el ámbito de las indemnizaciones por cese de contrato", según el sindicato donde han añadido que las administraciones "reflejan el abuso en la contratación de personal interino en plazas que deberían contar con un puesto fijo, para ofrecer la calidad de los servicios que requieren los ciudadanos".

En el conjunto de las administraciones públicas, según cálculos la agrupación sindical y a partir de la Encuesta de Población Activa, hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal, para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al 11%, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20%.

En el caso de Castilla y León, la interinidad en Educación está en el 21%, en la administración general de la Junta de Castilla y León en una media del 34%, que en el caso de la Gerencia de Servicios Sociales alcanzar picos de hasta el 70% en algunas categorías; y en Sanidad se acerca también al 20%. Unos porcentajes que no son "tolerables" para el sindicato independiente.

CSIF considera que la administración pública debe, por un lado, equiparar las indemnizaciones de su personal interino-temporal (12 días por año trabajado) con los trabajadores de la empresa privada. CSIF reivindicará que esta cuestión se incluya como normativa básica dentro de la administración pública.

Por último, reclamarán un estudio en profundidad de los recursos humanos con el fin de implantar una oferta pública que, en un plazo de cuatro años, permita reducir a la mitad la contratación de personal interino.