Concentración de colectivos locales contra el CETA en Soria

El CETA se encuentra en la última fase, antes de su aplicación provisional y sólo falta que sea votado en el Pleno del Parlamento Europeo, previsiblemente, a principios de febrero.
El Acuerdo ha sido cuestionado por amplios sectores de la sociedad civil, tanto en la Unión Europea como en Canadá por no ofrecer garantías respecto a la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales de las personas. En la Unión Europea, más de 3,5 millones de personas han firmado una petición en contra del CETA y su tratado gemelo, el TTIP, que negocian Estados Unidos y la Unión Europea.

Durante el acto, se ha leído un manifiesto en el que se expresaba el sentir de los allí concentrados en cuanto al CETA, que consideran que supone numerosos problemas.

Según han apuntado; autorizaría a miles de corporaciones a demandar a los gobiernos por adoptar medidas legítimas y no discriminatorias para la protección de la población y del planeta a través de un sistema de resolución de conflictos inversor-estado de acceso exclusivo a los inversores extranjeros. Un auténtico sistema legal paralelo al que las corporaciones pueden acudir para defender sus derechos eludiendo los tribunales existentes, y al que ni las organizaciones de la sociedad civil ni las empresas nacionales tienen acceso.
Además, consideran que las provisiones del CETA en cuanto a derechos laborales y desarrollo sostenible no podrán ser efectivamente reforzadas mediante sanciones y se quedarán en declaraciones huecas que no equilibran otros capítulos del tratado que afectan a los derechos de los trabajadores o la protección del medio ambiente.
Por otra parte, explican que la entrada en virgo del CETA hará que Canadá y la Unión Europea sean más vulnerables a las crisis financieras puesto que se producirá una mayor liberalización de los mercados financieros y podrían perderse puestos de trabajo.
Asimismo, expondría a los agricultores a unas presiones competitivas que minorarían su modo de vida, obstruiría las políticas de compra pública de alimentos locales, y amenazaría los estándares de producción y procesamiento de alimentos, haciendo imposible el desarrollo de una agricultura sostenible.

Desde los colectivos concentrados piden, en definitiva, que los intereses comerciales no estén por encima de la democracia y los derechos de las personas y del planeta.