La Junta ha puesto en marcha una campaña de inspección de consumo coincidiendo con el periodo de Navidad, tal y como viene haciendo de forma periódica los últimos años, con el fin de verificar que los productos puestos a la venta cuentan con todas las garantía y la seguridad para los consumidores.
En concreto la campaña se centra en los productos alimenticios específicamente navideños, que sólo se comercializan en estas fechas, en productos industriales que pueden ser objeto de regalo como son los electrodomésticos, productos informáticos, cámaras fotográficas y de video, juegos, textil, calzado, marroquinería y juguetes entre otros. Se están inspeccionando también las ofertas realizadas con publicidad expresa, tanto buzoneada, por correo, a través de páginas web, así como disponible en el propio establecimiento, o bien anunciada gráficamente en los medios de comunicación. Esta publicidad, folletos, catálogos y periódicos, se adjuntará en las actas de inspección.
Los inspectores de consumo elaboran un estudio del material publicitario que se realiza de forma previa a las visitas a los establecimientos. En cualquier caso la visita se convierte en imprescindible en aquellos en los que, principalmente tras el estudio de la publicidad, existan indicios de posibles incorrecciones.
Hay tres aspectos en los que la campaña establece un seguimiento especial. El primero se centra en la publicidad de las ofertas que se ha de basar en el principio de veracidad, por tanto la información se debe ofrecer de modo que no oculte, ni encubra o falsifique el contenido y las condiciones de la misma. Por este motivo se hará especial seguimiento en que la publicidad no utilice expresiones que induzcan a error sobre la naturaleza y las características de los productos, sobre el precio y las condiciones de pago, entre otros aspectos.
En segundo lugar los productos que el comerciante distribuye como oferta, se tienen que corresponder con los presentados en la publicidad, tanto en su naturaleza, características y calidad, así como en el precio y en las condiciones de la oferta. Siguiendo con este criterio los productos ofertados han de estar dispuestos realmente a la venta en el establecimiento durante el período de duración de la oferta. Si no es así los inspectores comprobarán la documentación de adquisición, el volumen de mercancía, fechas, y la justificación de la venta motivo por el cual ya no están disponibles.
Las ofertas y promociones, no pueden encubrir la venta de productos que incumplen la normativa que les afecta. Las inspecciones de esta campaña de Navidad verificarán el cumplimiento de las exigencias de su normativa y en particular, las fechas de consumo y las condiciones de conservación. Por otra parte se realizará una verificación de que los productos industriales tengan cobertura de asistencia técnica, cuando ésta sea exigible, y de si se producen irregularidades en cuando a garantías. En cuanto a los juguetes se verifica el etiquetado y más especialmente el marcado CE. En todas las visitas de inspección, se formulará un acta que recogerá los resultados del control realizado, haciendo hincapié, fundamentalmente, en las irregularidades que se detecten en relación con los aspectos objeto de control.
Antes de cualquier visita se estudian los objetivos, se unificarán los criterios de actuación y se establece una metodología para evitar repeticiones en el control de los productos. La programación de las visitas a los establecimientos por provincias se realiza de forma aleatoria y se distribuye por provincias de la siguiente forma: Ávila recibirá 16 visitas de inspección, Burgos 32, León 62, Palencia 26, Salamanca 40, Segovia 16, Soria 10, Valladolid 72 y Zamora 13. En total se realizarán como mínimo 300 inspecciones que se repartirán al 50 % entre jugueterías y establecimientos que venden otros productos navideños.
Como es lógico se prestará especial atención a los juguetes comprobando una tipología bastante amplia que abarca desde juegos sociales y de mesa, juguetes escolares y deportivos, de construcciones, de imitación del hogar pasando por vehículos, puzzles y juguetes de bebé hasta muñecas, peluches y juegos científicos y magnéticos.
Para que el derecho a la información de los consumidores y usuarios sea respetado, en todos los establecimientos que se visiten se comprobará el correcto marcado de precios, así como la preceptiva tenencia de las hojas de reclamaciones y en que todo momento estén a disposición de cualquier consumidor que las solicite. Estos aspectos quedan registrados en el acta de inspección, y así se informará posteriormente, para, en su caso, adoptar las correspondientes medidas sancionadoras si fuera el caso.
Durante el año 2013 se han realizado en Castilla y León casi 12.000 actuaciones de la inspección de consumo que se han repartido en inspecciones y tomas de muestras de productos alimenticios e industriales y de inspección de servicios. En concreto las 11.981 acciones realizadas se han distribuido en 1.646 inspecciones de productos alimenticios, de las que 677 inspecciones han sido positivas y 458 negativas también se han tomado 511 muestras de estos productos para su análisis. Se han realizado 9.015 acciones de inspección en el ámbito de los productos industriales, de las cuales 1.659 han sido positivas, 6.739 negativas y 617 tomas de muestras para la verificación de su adecuación a la legislación. Por último se han realizado en el ámbito de los servicios 1.320 inspecciones de las cuales han resultado positivas 759 y negativas 561.
El procedimiento sancionador se inicia cuando se detecta el incumplimiento de la normativa que se aplica a los productos que se ofrecen a los consumidores y los servicios que se prestan. Este procedimiento de aplicación de sanciones se produce después de que haya habido un número determinado de amonestaciones y advertencias. La finalidad es restaurar un orden en el que los derechos de los consumidores queden suficientemente protegidos, en conclusión en que las cosas estén bien hechas.
A lo largo del año 2013 se han iniciado 432 expedientes sancionadores, de los cuales 62 corresponden a productos alimenticios, 183 a productos industriales y 187 a servicios prestados. La suma de estos expedientes muestra una cifra total de expedientes iniciados en 2013 que asciende a un total de 432. El inicio de estos expedientes por los inspectores de consumo está motivado en la detección de la adulteración y fraudes de calidad, fraudes de peso, transacciones comerciales, irregularidades en precios, y en la normalización y condiciones de venta.
Por otra parte los expedientes sancionadores resueltos durante 2013 muestran que ha habido un total de 384 sanciones por un valor que asciende a los 554.912 euros. En el ámbito de la alimentación ascienden a 59 expedientes por valor de 57.143 euros. Ha habido 182 expedientes que ascienden a los 172.125 euros en expedientes sancionadores a productos industriales y en servicios se han realizado 143 sanciones que ascienden a los 325.644 euros. Se puede observar que no coinciden los expedientes sancionadores con el número de expedientes iniciados en el año 2013, puesto que en los sancionadores hay expedientes incoados en el año 2012 de la misma forma que hay expedientes de 2013 que todavía no han tenido resolución.
De la misma forma que la Consejería de Economía establece inspecciones y expedientes sancionadores dentro de las distintas campañas de inspección, a través de la Inspección de Consumo se procede a la verificación de las denuncias presentadas sobre distintos aspectos de bienes industriales y alimenticios, así como de servicios.
Desde el 1 de enero hasta el 17 de diciembre de 2013 se han presentado un total de 3.079 denuncias y se han resuelto 3.018. En Ávila ha habido 217 denuncias presentadas, Burgos ha tenido 424, León 720, Palencia 283, Salamanca 465, Segovia 80, Soria112, Valladolid 403 y finalmente en Zamora se han presentado 375.
Durante el año 2013 se han puesto en marcha un total de 7 campañas nacionales en el territorio de la Comunidad. Estas campañas, realizadas en distintos periodos del año se han centrado en la inspección y control de la promoción de productos con rebajas de precios vinculadas a la compra de varias unidades de productos alimenticios, en alérgenos en alimentos, su etiquetado y composición; en la verificación de páginas web de compraventa de automóviles, así como en la inspección de talleres de reparación de automóviles. Se ha realizado un calendario de inspección de colchones de cama y también de control de pilas, pilas recargables y cargadores de teléfonos móviles, en concreto para el control de su etiquetado y su seguridad eléctrica.
Por otra parte se han desarrollado 12 campañas de inspección de consumo en el ámbito de la Comunidad que se han centrado entre otros asuntos en el control de la coincidencia entre el precio ofertado con el precio cobrado en grandes superficies, en la inspección de bicicletas, en los servicios tipo 'cose todo', en la verificación sobre documentación de viviendas en compraventa, pasando por un plan coordinado de seguimiento intensivo recomendado por la Comisión Europea para la detección de carne de caballo en determinados productos en el mercado europeo sin que en el etiquetado se haga mención a esta presencia, así como en la inspección y control de patatas de consumo, la inspección de estaciones de servicio, y hasta la Inspección de centros de bronceado mediante aparatos con emisores de radiaciones ultravioletas y de inspección y control sistemático de rebajas de verano.
Por otra parte la Dirección General de Comercio y Consumo está permanentemente coordinada con la red nacional de alertas de consumo de forma que durante 2013 ha emitido 26 alertas de consumo que ha afectado a productos relacionados con artículos de puericultura, cosméticos, luminarias, juguetes, material eléctrico, vestimenta infantil, productos químicos y vehículos, entre otros
El arbitraje de consumo es un instrumento extrajudicial que permite resolver los conflictos de intereses entre comerciantes y empresas y consumidores a través de un acuerdo conocido como laudo y que es de obligado cumplimiento entre las partes.
Desde el año 2008 hasta 2013 los consumidores han solicitado en Castilla y León un total de 9.862 solicitudes de arbitraje, de las cuales se han resuelto 7.111 con la emisión de 395 laudos. En concreto en 2013 se han producido 1.692 solicitudes de reclamaciones de distintos tipos de productos y servicios, se han resuelto 1891 solicitudes que incluyen reclamaciones de ejercicios anteriores y un total de 592 acuerdo extrajudiciales entre las partes.