Tras la reunión en el MAGRAMA de las Consejerías de Agricultura la OPA señala que lo acordado en este encuentro supondrá un control de las ayudas.
Buena parte del acuerdo sobre los pagos directos, lo que se ha dado en llamar el Primer Pilar, en especial el apartado sobre 'Agricultor activo y actividad agraria', contiene "ideas y párrafos prácticamente calcados" al documento pactado por el sector agrario de la región por la Consejería de Agricultura y Ganadería, junto a organizaciones y cooperativas agrarias, según han valorado desde ASAJA tras el encuentro de este martes. Para la organización profesional agraria, (OPA), el trabajo y el consenso logrado en la Comunidad ha tenido "un peso muy importante" en este documento firmado ayer en Madrid. "Aunque no hayamos conseguido todos los objetivos, está claro que sin el esfuerzo aglutinador de Castilla y León el tono de este acuerdo sería bien distinto.
Así, han contemplado que los acuerdos adoptados en la Conferencia "están impregnados de una filosofía que va a permitir después que, cuando se publiquen las normativas específicas, exista un control de las ayudas, evitando situaciones especulativas que hasta ahora habían gozado de permisividad". Unas estipulaciones que han avanzado servirán de referencia en la normativa nacional y se impida que perciban ayudas "quienes no deben recibirlas, evitando así que se especule y se haga un mal uso de los fondos públicos" provenientes de la Unión Europea.
De igual modo, han reseñado la propuesta de Castilla y León estaba en la exigencia que al menos el 50% de los ingresos totales de los perceptores PAC procedieran de la producción, "y no el 20% que finalmente se exigirá". Algo que han admitido como "un paso pequeño" pero ven en ello una apuesta por "reconducir" una situación que sentían como "inamovible" durante etapas anteriores pero con todo, es el camino para que se aclare "quién de verdad produce alimentos y cumple su deber con la sociedad". En este sentido, han valora también que se incluya en el acuerdo la necesidad de que los perceptores de ayudas estén al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.
En cuanto a la regionalización de las ayudas, en la OPA han considerado que no se ha concretado nada en este documento, por lo que no han valorado las pretensiones del MAGRAMA, augurando que el Departamento que dirige Miguel Arias Cañete, no se pronunciará por el momento con el fin "de evitar especulaciones precipitadas". Aquí, ASAJA ha pedido pide que, cuando efectivamente se pongan en marcha estas ayudas , "la Comunidad y nuestros agricultores no pierdan fondos" con lo que apuntan hacia una previsión de "aterrizaje suave" que permita una adaptación progresiva al nuevo marco.
La valoración de ASAJA sobre las ayudas asociadas es "muy negativa", ya que han observado el recorte en las aspiraciones de la Comunidad, recibiendo solo un 12% de los fondos en lugar del 15% al que se pretendía. Con los datos que proporciona el Ministerio, "no es posible juzgar las ayudas, porque se están planteando cifras globales, no por hectáreas de cultivo o cabezas de ganado". En cualquier caso, el montante dedicado al sector remolachero "es claramente insuficiente para que conserve un nivel de renta que haga atractivo el cultivo".
Por último, en lo relativo al capítulo de Desarrollo Rural, han contemplado que Castilla y León solo ha conseguido mejorar levemente la cifra que percibía. Con todo, un 12% del presupuesto nacional "se aleja mucho de lo que objetivamente, por tamaño y características agroganaderas, debería recibir nuestra Comunidad". También han criticado muy negativamente que el Ministerio "abandone el compromiso de cofinanciación" que hasta ahora mantenía en la ejecución de este programa puesto que en adelante, la aportación nacional y autonómica, "en lugar de ir al 50%, será del 70% para la región y sólo del 30 por ciento para Madrid, lo que supondrá un sobreesfuerzo para la Comunidad en un momento económicamente muy complicado".