El presidente de la Junta de Castilla y León ha acordado este miércoles 29, en el seno del Consejo del Diálogo Social, la reforma el Servicio Público de Empleo (ECyL), con el objetivo de mejorar su eficacia en la contratación y colocación de los trabajadores, y sobre la base de su carácter público, gratuito y descentralizado territorialmente. Además, la Junta ha comprometido más 92,5 millones de euros en un Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y el Empleo, de los cuales más de 54 se destinarán a los desempleados.
La reforma del servicio público de Empleo de Castilla y León nace con el acuerdo entre la Junta y los representantes de los agentes económicos y sociales que conforman el Consejo del Diálogo Social, Cecale, CC.OO. y UGT, y con ella se pretende la máxima eficiencia de este organismo en todos sus ejes de trabajo. El objetivo prioritario es mejorar la colocación y contratación de los trabajadores, y la búsqueda efectiva de ocupación por parte de los desempleados.
Castilla y León es la primera comunidad que acuerda la reforma del Servicio Público de Empleo, tras un proceso de negociación con los agentes económicos y sociales, que culmina en el acuerdo que se firma este miércoles en el Consejo de Diálogo Social.
La reforma del Ecyl pretende configurarlo como la organización de referencia de los agentes que intervienen en el mercado de trabajo en Castilla y León, con el objetivo de lograr una mayor empleabilidad de los trabajadores, y una mayor competitividad de las empresas. Seguirá siendo un organismo autónomo que ejerce el liderazgo en intermediación y en las políticas activas de empleo, y en la prestación de servicios a empresas y trabajadores.
La reforma potencia las 54 oficinas de empleo existentes, configurándolas como el elemento clave para la prestación de servicios. Se va a mejorar su distribución geográfica, y a garantizar su presencia en el territorio a través de Puntos de Atención Personalizada no permanente, en municipios donde se considere conveniente y no exista oficina. A partir de febrero se formará a los trabajadores del Ecyl. Asimismo, se va a proceder a reestructurar los servicios centrales y periféricos adaptándolos al catálogo de servicios a prestar.
Desde el punto de vista territorial, el Ecyl creará una Red de Fomento de la Ocupación, del Empleo y de la Actividad Económica de la que formarán parte, bajo su coordinación, las entidades locales y las sociedades de desarrollo, así como sindicatos y empresarios. También se coordinará con Ade Rural.
Las agencias privadas de colocación, con las que se establezca convenios, podrán formar parte de la red, pero siempre bajo el control del Consejo General de Empleo, y podrán hacer labores de intermediación.
Se elaborará un catálogo de servicios, mediante la aprobación anual del correspondiente plan, que incluirá aquellos que actualmente prestan las diputaciones. El catálogo establecerá ratios de atención a los ciudadanos y niveles de prestación de los diferentes servicios.
Se simplificarán las bases y las convocatorias de ayudas al empleo y a la formación, y se reducirán los plazos para la tramitación, la concesión y la justificación. Se ha constituido un grupo de trabajo dentro del Ecyl para esta finalidad que ya está trabajando. Por último, se establecerá un cuadro de indicadores de objetivos que permita evaluar la gestión del Ecyl.
En resumen, se trata de que el nuevo Servicio Público de Empleo (Ecyl) siga siendo un servicio público y gratuito; que garantice la eficacia de la contratación y la colocación de los trabajadores; que trabaje en cooperación con las agencias de empleo; que participe en la función estratégica, lo que incluye la participación en la Estrategia nacional, en el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE), y en la planificación y en el diseño de políticas activas de empleo propias; que lidere un modelo de prestación de servicios, complementando su papel de entidad subvencionadora, con el de entidad responsable de la aplicación en su territorio de un catálogo de servicios; y que cuente con la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Castilla y León.
El Plan de Estímulos al Crecimiento Económico y el Empleo para 2014, acordado en el seno del Consejo del Diálogo Social, refleja el compromiso de los agentes económicos y sociales y el del Gobierno de la Comunidad en la lucha contra el paro. De este modo, Castilla y León sigue siendo una de las pocas comunidades autónomas que destina fondos propios, no finalistas, a las políticas activas de empleo, realizando este año un importante esfuerzo presupuestario, al pasar de los 89,1 millones de euros de 2013, a los más de 92,5 millones que este Plan destina en 2014.
La Junta establece como prioridad urgente lograr la mayor ocupación posible para los desempleados de la Comunidad. Por este motivo destina 54,2 millones, casi el 60% de los fondos del Plan, exclusivamente a la contratación de desempleados, a través de un plan de empleo local, prácticas no laborales y distintas acciones destinadas a facilitar la contratación de desempleados, tanto en el ámbito público como en el privado.
Se destinan también 11,4 millones de euros al mantenimiento de puestos de trabajo con el objetivo de mantener el empleo en activo en estos momentos. Este dinero se distribuye en los programas que mantienen la figura de los expedientes de regulación de empleo suspensivos frente a los de extinción.
Para aquellos trabajadores que necesitan una mejora en su cualificación o una reorientación de sus capacidades se destinan, para su formación, dentro de este plan 7, 7 millones de euros.
La Junta de Castilla y León aspira, además de al objetivo de la mayor creación posible de empleo, a que éste sea seguro y de calidad. Para ello se destinan 5 millones de euros a seguridad a través de distintos programas de prevención de riesgos laborales, mientras que en materia de calidad se invierten 3,7 millones de euros en distintas líneas de conciliación entre otras medidas de calidad en el empleo.
Por último, la Junta destina más de 10 millones en acciones de integración laboral para colectivos específicos a través del programa de integración y empleo (PIE), apoyo a trabajadores con discapacidad a través de centros especiales de empleo, entre otras.