Las Cortes de Castilla y León dan luz verde a este texto que protege la figura del docente en la Comunidad.
Una vez que las Cortes de Castilla y León hayan dado el visto bueno a la Ley de Autoridad del Profesorado, en el sindicato de enseñanza ANPE han mostrado su satisfacción ya que se trata de una norma que llevan exigiendo "desde hace una década, motivada por el importante número de situaciones de acoso y violencia a la que se ven sometidos los docentes de nuestra comunidad", han señalado.
Con todo, han reseñado que la Administración "debería haber actuado con más diligencia para que esta Ley hubiera sido una realidad en el año 2005". Un hecho por el que han asegurado se hubieran evitado "situaciones indeseadas" por la comunidad educativa.
"Estamos convencidos de que esta Ley será beneficiosa no solo para los profesores, sino también para los propios alumnos, sus familias y la sociedad en general. Cualquier sistema educativo, para que sea efectivo, debe tener claramente delimitadas las normas y los límites, con las figuras de referencia bien definidas. Esto permitirá que la actividad docente se desarrolle un clima de convivencia que repercutirá positivamente en el desarrollo personal y académico de los alumnos", han significado.
Aún así, en ANPECyL han echado de menos la asistencia psicológica gratuita para los docentes que están siendo víctimas de insultos, vejaciones, amenazas o agresiones, "puesto que este tipo de acciones tienen un elevado coste emocional para quien lo sufre". Una carencia en la que la administración educativa "ha perdido una extraordinaria ocasión para demostrar que se preocupa por la salud mental de sus trabajadores". Con todo, han manifestado que seguirán trabajando día a día, "para atender a esos docentes que la Administración deja en desamparo al no atender los problemas afectivos derivados de las situaciones conflictivas que se producen en el aula".
Por último han instado a la Consejería de Educación a que lleve a cabo "un trabajo intenso" para dar a conocer a los docentes, a los alumnos, a las familias y a la sociedad en general lo que supone que los maestros y profesores sean autoridad pública según esta Ley. "Se deben explicar ampliamente todos los aspectos, lo que conllevan y poder lograr así el efecto esperado", han concluido.