La Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes avanzan en el acuerdo sobre la ordenación territorial, y firman un protocolo de colaboración económica que supera los 12 millones de euros, con la firma -también- del presidente de la Federción Regional de Municipios y Provincias.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha firmado esta mañana con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias y los alcaldes de los municipios con más de 20.000 habitantes de la Comunidad el protocolo general que desarrolla el acuerdo político en materia de ordenación del territorio alcanzado en octubre de 2012, entre la Junta de Castilla y León, el PP y el PSOE de Castilla y León.
El Gobierno autonómico aporta 12.069.123 euros, con la siguiente distribución: Aranda de Duero, 607.911 euros; Ávila, 705.752 euros; Burgos, 1.156.705 euros; Laguna de Duero, 567.771 euros; León, 974.215 euros; Medina del Campo, 563.880 euros; Miranda de Ebro, 624.434 euros; Palencia, 786.246 euros; Ponferrada, 739.104 euros; Salamanca, 1.045.437 euros; San Andrés del Rabanedo, 602.661 euros; Segovia, 687.129 euros; Soria, 632.355 euros; Valladolid, 1.648.216 euros; y Zamora, 727.307 euros.
Las entidades locales se comprometen a participar en el desarrollo de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, para hacer efectiva la constitución de las mancomunidades de interés general urbanas.
El nuevo modelo de ordenación del territorio para Castilla y León prevé la creación de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio urbanas -municipios con más de 20.000 habitantes- y de áreas funcionales estables, es decir, aquellos espacios territoriales que se conforman entre estos municipios y los de su entorno o alfoz con los que mantienen relaciones funcionales y que necesitan una planificación conjunta.
La Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León también contempla la articulación de nuevas fórmulas más flexibles para mejorar la cooperación entre las ciudades de más de 20.000 habitantes y los municipios de sus alfoces.
La norma autonómica recoge la mancomunidad de interés general como ente local asociativo de carácter voluntario para la gestión de una cartera de servicios locales; cuando ésta se encuentre en el entorno de las grandes ciudades se denominará mancomunidad de interés general urbana y surgirá de la asociación voluntaria entre los municipios con población superior a 20.000 habitantes y los municipios de su entorno o alfoz que estén incluidos en la correspondiente área funcional estable, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/2013.
En todo caso, la constitución de estas mancomunidades es voluntaria y podrá hacerse por todos o algunos de los municipios pertenecientes a una misma área funcional estable y para todos o algunos de los servicios previstos estatutariamente.
En cumplimiento del acuerdo político entre la Junta de Castilla y León, el Partido Popular y el Partido Socialista de Castilla y León, en materia de ordenación, servicios y gobierno en el territorio, el Gobierno autonómico destina a todos los municipios con más de 20.000 habitantes un fondo general por una cuantía global de 12.069.123 euros, lo que supone un 10% de incremento respecto a la cifra total asignada en el año 2013 a estos municipios. Además, la Junta de Castilla y León prevé que la cantidad del fondo general se incremente al menos un 10 % en 2015.
Para el año 2014 la Junta de Castilla y León ofrece a todos los municipios de más de 20.000 habitantes este fondo especial con carácter incondicionado y podrá utilizarse libremente a criterio de cada uno de estos municipios para operaciones corrientes, de capital o financieras. No obstante, los municipios de Laguna de Duero, en Valladolid, y de San Andrés del Rabanedo, en León, optan voluntariamente por que las cantidades que les corresponden en 2014 sean condicionadas para inversiones.