Los castellanistas, integrados en la coalición Primavera Europea, ven indicios de prevaricación y malversación en el proyecto.
La coalición electoral Primavera Europea, de la que forma parte el Partido Castellano (PCAS), (así como la formación ecologista EQUO, Chunta Aragonesista, Compromís, Democracia Participativa, Por un Mundo Más Justo, Caballas, y Socialistas Independientes de Extremadura), presentará ante el Parlamento Europeo, una petición para que sea iniciado por esta cámara proceso de auditoría sobre la Ciudad del Medio Ambiente (CMA). Una iniciativa que han explicado está amparada por el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De este modo, pretenden que el Europarlamento tome posición sobre lo que en esta coalición consideran como "negativo impacto" sobre el Medio Ambiente de espacios naturales de alto valor y "sobre el despilfarro de recursos públicos que su tramitación y desarrollo ha supuesto".
Como se recordará, en abril del pasado año la Junta interrumpió paró "definitivamente" las obras de construcción de la Cúpula de la Energía, que es el edificio más emblemático de la CMA. El cual, constituido por siete edificios impulsados por las instituciones autonómicas, "sin un objetivo claro, se construían en un soto deshabitado, a orillas del río Duero, a corta distancia de la ciudad de Soria, con un presupuesto total de 100 millones de euros, de los cuales se gastaron finalmente 52". Un hecho que para Luis Marcos, secretario de Organización del PCAS ha tildado de "monumento al despilfarro y al despropósito, que bajo la denominación de Ciudad del Medio Ambiente, solo pretendía unir en un solo paquete la agresión a un espacio natural privilegiado, materializar un nuevo pelotazo urbanístico con más de 800 chalets y varios hoteles, centros de congresos, parcelas industriales que carecían de demanda solvente y favorecer a determinadas empresas y promotores con dinero público".
Así, Marcos ha indicado también que solo la compra de los terrenos, unas 600 hectáreas, "supusieron un desembolso para la Administración autonómica de diez millones de euros", a través de la Empresa Pública Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León SA, "hoy investigada en varios Juzgados de Valladolid por prevaricación administrativa e incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público".
Los castellanistas denunciarán también ante el Parlamento Europeo la Ley singular que aprobó la Junta en 2007 para impedir que este "proyecto surrealista, auténtica aberración ambiental y urbanística", pueda ser frenado por acciones judiciales de los ciudadanos o de las organizaciones ambientales o vecinales. En este sentido, han resaltado que este texto fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2013.
Así, también han querido resaltar que es "urgente" la realización de una auditoría auspiciada por el Parlamento Europeo sobre toda la tramitación del proyecto de la CMA "que analice las adjudicaciones y contrataciones realizadas, los gastos efectuados, las agresiones ambientales realizadas y la posible comisión de delitos de prevaricación y de malversación, en un macroproyecto innecesario, falto de transparencia y que ha supuesto el despilfarro de 52 millones de euros públicos, mientras los sorianos han padecido recortes sanitarios, la paralización de la ampliación de su hospital, recortes educativos y frecuentes retrasos en los plazos de construcción de infraestructuras viarias prioritarias para la provincia".
Así Luis Marcos, secretario de Organización del PCAS, ha dejado la puerta abierta a la formulación de una denuncia judicial, ante los tribunales españoles, contra los responsables políticos, institucionales y empresariales de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, pues tal y como ha afirmado "quienes han realizado este fraude y este despilfarro económico y ambiental" contra Soria "no pueden quedar impunes, mientras el conjunto de la ciudadanía procedemos a pagar de nuestros precarios impuestos sus ansias de megalomanía y su codicia económica".