Aprovechando el viaje del titular del Departamento la próxima semana a Ágreda, el sindicato quiere ahondar sobre un caso en el que existe un "mutismo" en su apertura.
La Federación de Servicios Públicos de la UGT ha solicitado formalmente una reunión con el Ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechando la visita que tiene programada a la Villa de Ágreda con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de los Milagros, con el fin de recabar información sobre el nuevo centro penitenciario de Soria, el cual está prácticamente terminado, según aseguran.
Desde el inicio del proceso que desembocó en la construcción de un nueva prisión, UGT se posicionó claramente en defensa del mismo, "dado el gran empleo público que apareja y la enorme repercusión económica que genera, así como la estabilidad laboral que conlleva para los trabajadores penitenciarios de nuestra provincia", han significado.
Sin embargo, han venido a denunciar que por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias existe "un total mutismo" sobre la fecha de puesta en funcionamiento, "lo que unido a los terribles recortes sufridos en la institución y a la práctica inexistencia de oferta de empleo público en los últimos tres años nos hace ser pesimistas sobre su apertura".
En este contexto, el sindicato ha iniciado una serie de contactos como los mantenidos con el ex ministro de Interior Antonio Camacho y el parlamentario soriano Félix Lavilla, el pasado 22 de mayo.
"Creemos imprescindible esta reunión con el actual titular de la cartera de Interior, dado que hemos solicitado información por distintas vías institucionales y no se nos ha facilitado", han recalcado.
De igual modo, han criticado al actual Gobierno por "no estar creando los mecanismos propicios para proceder en un futuro a la apertura de la nueva prisión, y mucho nos tememos que esta obra se va a convertir en otro gran despilfarro, más si cabe, por todo lo que significaría para nuestra tierra".
Así, han recordado que las previsiones pasaban por la creación de 500 puestos de trabajo estables (directos, indirectos y diferidos), lo que supone casi 30 millones de euros al año en nóminas. También se contemplaban gastos en la zona cercanos a los seis millones de euros, y de igual modo la ampliación de las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil en setenta agentes cada una, sin olvidar por otro lado la creación de un nuevo juzgado para Soria.