La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, anuncia que Castilla y León recibirá 1.011,1 M? de los Fondos Estructurales de la UE durante el periodo 2014-2020, de los que 699,4 proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 311,7 del Fondo Social Europeo (FSE).
Los primeros meses de cada nuevo periodo de programación son decisivos para todas las administraciones implicadas en la ejecución de los recursos que llegan de la UE, puesto que es el momento en el que se detallan las partidas destinadas a cada territorio. Entre 2014 y 2020 Castilla y León recibirá 1.980 millones de euros de ayudas europeas estructurales y de inversión, de los que 969 corresponden al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 1.011,1 a la Política de Cohesión propiamente dicha, que es la suma del FEDER y el FSE. Además llegarán a la Comunidad 35,8 millones de euros de la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI), así como cerca de 6.500 millones de la Política Agrícola Común (PAC) y una cuantía aún por determinar para la cooperación transfronteriza con Portugal (POCTEP), que podría alcanzar los 35 millones de euros.
La distribución de los recursos que ha efectuado Bruselas contempla que la Junta gestione 1.424 millones de euros de los 1.980 asignados a Castilla y León en concepto de FEADER, FEDER y FSE, es decir, el 72 % del total. Esta distribución supone un aval a la posición del Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios de la Comunidad, que reiteradamente han defendido que las administraciones de la Junta merecen ser las protagonistas de la política de cohesión europea por su cercanía a los ciudadanos, su mejor conocimiento de las necesidades de sus territorios y su mayor capacidad para impulsar un crecimiento más competitivo y respetuoso con el medio ambiente.
El hecho de que se hayan asignado 1.011 millones de euros de Fondos Estructurales a Castilla y León entre 2014 y 2020 supone una disminución del 24,2 % respecto al periodo 2007-2013. Este descenso se debe a que la Comunidad ha mejorado su situación hasta sumarse al grupo de regiones más desarrolladas, que son aquellas que cuentan con un Producto Interior Bruto (PIB) superior al 90 % de la media europea. Se trata, no obstante, de un porcentaje de reducción moderado en comparación con el que se produjo hace siete años, cuando Castilla y León abandonó el Objetivo 1 por méritos propios y afrontó una disminución del 66 % en relación al periodo 2000-2006.
Los programas operativos (PO) son los instrumentos que determinan cómo se gastan los fondos de la Política de Cohesión europea, o lo que es lo mismo, dónde y de qué modo se invierten los dos Fondos Estructurales. Dependiendo de si tienen carácter plurirregional o regional, de su diseño se encargan, respectivamente, los estados miembros de la UE o, en el caso de España, las autonomías. Una vez ratificados por los órganos de gobierno competentes, es preceptivo enviarlos antes del 22 de julio a la Comisión Europea, que los somete a revisión. En el actual marco de programación, que comenzó el 1 de enero de 2014 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020, el plazo para que Bruselas los apruebe definitivamente concluye el 22 de enero de 2015.
Del montante global de los Fondos Estructurales que recibirá Castilla y León durante todo el periodo es responsabilidad de la Junta gestionar 455 millones de euros. La mayor parte de esa cifra, en concreto 413,1 millones, se ejecutará a través de dos programas operativos autonómicos, el primero de ellos financiado con 314,4 millones de euros del FEDER y el segundo con 98,7 millones del FSE. El Gobierno autonómico cofinanciará sendos PO con las mismas cantidades, lo que elevará la partida global que se invertirá en la Comunidad a través de estos proyectos hasta los 826,2 millones de euros.
A la hora de confeccionar los documentos base de los dos PO que gestionará directamente la Junta, la Dirección General de Presupuestos y Estadística ha tenido en cuenta tres variables: por una parte, los objetivos que propone la Estrategia UE-2020, que se resumen en lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; por otro, las metas específicas que marca cada uno de los fondos financiadores y, para terminar, el impulso a la innovación como factor determinante de la competitividad, en línea con la recién aprobada Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente de Castilla y León 2014-2020, conocida como RIS3.
Así, en el proyecto del Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2014-2020 existen seis prioridades. La más destacada, por cuanto las medidas relacionadas con ella consumen 91,9 millones de euros del presupuesto del programa operativo, es potenciar la I+D+i. Le siguen, por este orden, mejorar la competitividad de las pymes, con 88,9 millones; proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, que recibe 77,2 millones de euros; favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, con otros 29,6 millones, y mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, dotado con 24,7 millones de euros.
Por su parte, el documento base del Programa Operativo FSE de Castilla y León 2014-2020 pretende en primer lugar promover el empleo sostenible y de calidad y favorecer la movilidad laboral, para lo que contempla un conjunto de iniciativas que absorben 51,8 millones de euros de la dotación económica del programa operativo. A continuación se sitúa la meta de impulsar la inclusión social y luchar contra la pobreza y la discriminación, al que se dedican 26,7 millones, y se completa con el objetivo de invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, con 18,6 millones de euros.
Tal y como ha anunciado la consejera Pilar del Olmo, desde hoy mismo los documentos base de los dos programas operativos regionales que ejecutará la Comunidad estarán a disposición de todos los ciudadanos que deseen consultarlos o hacer sugerencias en el portal de Gobierno Abierto de la Junta en Internet (www.jcyl.es). Como es preceptivo, una vez finalice el periodo de consultas, que se espera que concluya con el mayor consenso posible, se someterán a la aprobación del Consejo de Gobierno y, cumplido este trámite, se procederá a su remisión a la Comisión Europea.