Los ecologistas creen que la Junta cambiará la normativa para legalizar Distiller

Ecologistas en Acción pedirá en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León que se retire del orden del día, este miércoles, la propuesta de la Junta para autorizar la ampliación hasta el doble de la capacidad actual de la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos que la mercantil catalana Distiller, S.A. posee desde 2011 en Ólvega. Es la segunda vez que esta proposición figura en el consejo.

Los ecologistas han recordado que la planta carece de autorización ambiental, tras la sentencia de 6 de junio de 2014 del Tribunal Supremo, que confirmó otra sentencia anterior de 2011 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, anulando la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente, "y por extensión todas sus modificaciones posteriores". No obstante, han apuntado que el Gobierno regional pretende modificar "una autorización ambiental inexistente, en un alarde de creatividad administrativa que manifiesta una vez más el desprecio de sus responsables por las sentencias judiciales y el Estado de derecho".

"Descarrilada por el Tribunal Constitucional la política de hechos consumados a que nos tenía acostumbrados el Gobierno de Juan Vicente Herrera para saltar por encima de las sentencias judiciales contrarias mediante leyes 'ad hoc' como la de la Ciudad del Medio Ambiente, la Junta parece haber ideado esta nueva argucia legal para evitar la ejecución de sentencias firmes como la que obliga a la clausura de la planta de Distiller", han denunciado.

Así, en Ecologistas en Acción han exigido a empresa y a Gobierno autonómico el cumplimiento "inmediato" de la sentencia del TSJ, lo cual "ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos, gracias a las facilidades dadas por la Junta para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido".

En sus manifestaciones, el colectivo ha contabilizado que en sus dos primeros años de funcionamiento, Distiller ha importado a Soria 53.000 toneladas de residuos peligrosos, procedentes en un 90% de otras regiones "en especial de Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana". También han señalado que hace dos años la planta provocó un vertido que contaminó seis kilómetros del arroyo de los Caños, siendo sancionada por la Junta y la Confederación Hidrográfica del Ebro con sendas multas que suman apenas 6.000 euros, "y es fuente de insalubres olores persistentes en su entorno que en alguna ocasión ha generado molestias respiratorias y a las mucosas".

En la postura de los responsables castellano y leoneses, queda de manifiesto, según los ecologistas "el pliegue de la Junta de Castilla y León a los intereses del 'lobby' de los residuos", en una actuación que "sacrificará" el reciclado y la seguridad ambiental y sanitaria de la población. Por ello, los denunciantes consideran como "inadmisible" que el Gobierno autonómico "anteponga el interés económico de una empresa privada como Distiller a la protección de la salud y el medio ambiente de Ólvega y de la provincia de Soria".

La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, un volumen que en opinión de los ecologistas pretende ser ampliado hasta las 60.000 toneladas, también al año.