La directora general de Relaciones Internacionales y Acción Exterior, María de Diego, ha presentado esta mañana, en un seminario de regiones europeas, las principales líneas de actuación de la Junta de Castilla y León para abordar los cambios demográficos y los convenios adoptados con otras comunidades autónomas para trabajar conjuntamente contra la despoblación.
Castilla y León está presente hoy y mañana en la Sesión Plenaria del Comité de las Regiones que coincide con la celebración de la 11ª edición de la 'Semana Europea de las Regiones y Ciudades', conocida como 'Open Days'. Durante la jornada de hoy, la directora general de Relaciones Internacionales y Acción Exterior, María de Diego, ha intervenido en el seminario 'Soluciones regionales innovadoras ante los cambios demográficos' en el que ha expuesto el contexto demográfico de Castilla y León, su Agenda para la Población y las prácticas puestas en marcha por la Junta de Castilla y León para fijar población y continuar prestando los mejores servicios públicos, especialmente, en el entorno rural.
De Diego ha desarrollado las líneas principales de la 'Agenda para la población 2010-2020' que lleva a cabo la Junta y que se centra en los jóvenes, familias e inmigrantes como colectivos prioritarios para facilitar su acceso al empleo, la vivienda y los servicios públicos. Además, ha explicado los beneficios fiscales con los que cuentan estos colectivos y los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral que ofrece el Gobierno autonómico.
Por otro lado, la directora ha presentado ante los miembros de este seminario el 'lobby' que Castilla y León ha constituido con Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura con el objetivo de involucrar a otras administraciones públicas para frenar los problemas de despoblación. Este trabajo a nivel nacional ha supuesto el impulso de una Estrategia Nacional por el Cambio Demográfico que ha sido respaldada por el Congreso de los Diputados. Con respecto a Europa, esta iniciativa promueve encuentros con la Red de Regiones con desafíos demográficos y con el Comisario Europeo. María de Diego ha reiterado, durante su intervención, que "los objetivos demográficos deberían ser tenidos más en cuenta en las políticas de cohesión de la Unión Europea, ser prioritarios en todos los programas de financiación y encontrar un lugar destacado en las políticas regionales y de desarrollo rural". Además, la directora ha incidido en que la Unión Europea debería dotarse de instrumentos y presupuestos específicos y disponer de una Estrategia Europea global en materia demográfica.
Este seminario, que aborda el problema del cambio demográfico y de cómo las políticas regionales y de cohesión pueden ayudar a hacer frente a estos cambios, ha sido organizado por el consorcio denominado 'Cooperación avanzada en materia de cambio demográfico' del que Castilla y León forma parte. Además de la Comunidad, participan en él las regiones de Baja Sajonia, Sur de Inglaterra, Norte de Bravante, Provincias holandesas del Norte, Sur de Noruega, Stavanger, Värmland y Norte de Dinamarca .
La 108ª Sesión Plenaria del Comité de las Regiones coincide con la celebración de la 11ª edición de la 'Semana Europea de las Regiones y Ciudades', conocida como 'Open Days', que se ha configurado como el evento anual europeo en el que las ciudades y regiones se reúnen en Bruselas para presentar su capacidad como motores del crecimiento y el empleo en la Unión Europea. Las regiones integrantes del Comité de las Regiones han constituido 26 consorcios para esta ocasión, que organizarán diversos eventos relacionados con el lema de este año 'Creciendo juntos. Desarrollo inteligente para la gente'.
Durante este Pleno se examinarán y debatirán ocho dictámenes. Castilla y León ha elaborado dos propuestas de enmienda al Dictamen 'Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030', en las que incide en que se deben aprovechar todos los recursos energéticos locales para reducir la dependencia energética con el apoyo de una normativa favorable de los estados miembros. Por otra parte, Castilla y León ha apoyado enmiendas de otras comunidades autónomas centradas en la lucha contra el cambio climático y el abastecimiento energético.
La Comunidad ha mostrado también su apoyo a doce enmiendas, todas ellas españolas, interpuestas al Dictamen 'La movilidad en las regiones con desventajas geográficas y demográficas' que exponen las desventajas relacionadas con el transporte público, los mayores costes y necesidades de financiación para la prestación de los servicios a la hora de establecer la política de ayudas económicas. En ellas, también se subraya la importancia de las buenas comunicaciones transfronterizas para las personas y para las mercancías, y la necesidad de fomentar los sistemas de transporte "a la carta" así como el acceso de las regiones con desventajas geográficas y demográficas a los principales corredores de transporte nacionales y europeos que forman parte de las RTE-T (redes transeuropeas de transporte).
El plenario del proyecto europeo 'Innovage' ha premiado el modelo de trabajo en red de los Servicios Sociales de Castilla y León. Se trata del único miembro de los 14 que conforman este proyecto capaz de lograr el objetivo de sumar el trabajo y el esfuerzo de la Administración, el Tercer Sector, empresas y universidad (la cuádruple hélice de la innovación), en la búsqueda de soluciones innovadoras para la vida autónoma de las personas mayores.
Este premio reconoce, entre otros objetivos conseguidos por la Comunidad, la puesta en marcha del Clúster 'SIVI' (Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente), un instrumento para materializar ese trabajo en red compuesto por 27 socios, que trata de explotar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TICs) en la mejora de la atención de las personas mayores, tanto en el entorno residencial como en el propio domicilio.
El director general de Familia y Políticas Sociales, Carlos Raúl de Pablos, fue ayer el encargado de recoger el premio en Bruselas y hoy ha participado en la Conferencia final del proyecto como ponente para explicar las claves en las que se sustenta el trabajo en red de los Servicios Sociales de Castilla y León; un trabajo en red que no solo se desarrolla en el área del envejecimiento, sino en Dependencia o en la inclusión social, con la Red de Protección a las familias.
La participación de Castilla y León en este proyecto europeo permite a la Comunidad no sólo mejorar la calidad de vida de sus personas, sino colocarse en el espacio europeo de cara a captar fondos, poder influir en las políticas de los Servicios Sociales que lleve a cabo la Comisión Europea y situar en el mercado europeo los productos y servicios innovadores realizados en la Comunidad. Se trata, en definitiva, de una oportunidad de negocio.
No en vano, la entrada en el 'Innovage' abrió a los Servicios Sociales de Castilla y León la puerta a Europa, lo que le permitió unirse a la Red Coral. De esta manera, la Comunidad se incorporó al programa 'Horizon 2020', dotado con un presupuesto inicial de 71.000 millones de euros entre 2014 y 2020. Una de las líneas de financiación corresponde a retos sociales, que tiene como objetivo fomentar una economía de alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
Este reconocimiento cobra mayor relevancia si cabe por tratarse de un premio a una Comunidad, como la castellana y leonesa, que es la tercera región europea con mayor sobreenvejecimiento, ya que actualmente el 23,3 % de la población tiene 65 o más años, de los que el 36%, tiene 80 o más años. Las proyecciones para el año 2020 indican que estos datos continuarán incrementándose, de forma que el número de personas mayores de 65 años supondrá el 24,9 % del total de la población y el de mayores de 80 alcanzará el 38 % de este grupo.
Los objetivos con los que trabaja Castilla y León coinciden precisamente con los retos que existen en Europa: elevado porcentaje de ciudadanos que precisa atención, importante número de personas con discapacidad, población cada vez más envejecida e importancia creciente del sistema de protección social.