Herrera presenta los Presupuestos regionales, un 2,1% mayores que 2014

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha informado esta mañana en el Colegio de la Asunción de Valladolid sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2015. De su contenido, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión extraordinaria, destaca que por primera vez desde 2009 las consejerías dispondrán de más dinero para sus políticas. En concreto, gestionarán 153 millones de euros adicionales respecto a 2014, el 2,10% más, que permitirán afianzar los servicios públicos más importantes para los ciudadanos, reforzar las medidas dirigidas a generar puestos de trabajo, consolidar la recuperación de la economía y mejorar la financiación de los municipios.

El cambio de ciclo se refleja en las cuentas, a tenor tanto de la buena evolución de los principales indicadores autonómicos, como de las previsiones que figuran en los Presupuestos Generales del Estado. Así, para el próximo ejercicio se contempla un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León del 2,1%, sensiblemente más favorable que hace un año. Lo mismo ocurre con la tasa de empleo, que aumenta hasta el 0,9 %, y con la de paro, que baja hasta el 19,8%.

A estos condicionantes hay que añadir un exigente objetivo de déficit del 0,7% del PIB, que implica un esfuerzo de contención del 30% respecto al actual (que es del 1%). Supone 400 millones de euros de mayor capacidad de gasto en 2015, ya que el Producto Interior Bruto autonómico se ha incrementado en torno a 1.340 millones de euros como consecuencia de la reciente revisión del PIB nacional por parte del INE. Asimismo, se ha tenido en cuenta el límite de deuda establecido para Castilla y León, que se sitúa en el 17% del PIB, muy por debajo de la media del 21,5%.

El resultado de todas estas variables es un Proyecto de Presupuestos para 2015 social, austero, coherente, municipalista y realista, ajustado a las posibilidades que tiene la Junta de obtener ingresos y, al mismo tiempo, moderadamente expansivo. Asciende a 9.920.811.756 euros, 37 millones menos que el vigente, lo que implica una reducción del 0,37 %. La cuantía global baja respecto a 2014, pero sin embargo el montante efectivo a disposición de las consejerías sube debido a que las cargas financieras de la deuda son mucho menores.

De ahí la relevancia que cobra la auténtica gran cifra de las cuentas autonómicas: los 8.822,9 millones de euros del límite máximo de gasto no financiero, cantidad que es el 1,08 % superior a la de 2014 y por tanto suma 94,6 millones de euros de capacidad real de gasto a la Comunidad. Su cuantía no coincide con la aprobada por las Cortes de Castilla y León el pasado 9 de septiembre porque se ha modificado al alza para incorporar un incremento de las transferencias del Estado y los fondos europeos, así como 9,3 millones de mayor holgura en el objetivo de déficit, fruto de la modificación del PIB efectuada por el INE. Junto a esto, el nuevo techo de gasto incluye un ligero ajuste de los ingresos propios y la variación en los ajustes de Contabilidad Nacional debida a la creación por parte de ADE de instrumentos financieros cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El límite de gasto cumple plenamente con los tres requisitos que establece la Ley Orgánica de Estabilidad y la Ley de Estabilidad Autonómica: asegurar el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda y ser compatible con la llamada 'regla de gasto', es decir, posicionarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional, fijada en el 1,3 % de crecimiento del gasto público. Con ello Castilla y León reafirma su compromiso con la consolidación fiscal y la estabilidad financiera del país, un esfuerzo que está dando sus frutos en forma de recuperación.

Precisamente la buena evolución de la economía ha permitido a la Junta aprobar una importante bajada de impuestos en 2015, y ello sin menoscabo de los servicios que presta a los ciudadanos. Tal y como anunció el 30 de septiembre el presidente de la Comunidad, la llamada ley de acompañamiento de los Presupuestos reduce el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes y, proporcionalmente, más a los que menos rentas tienen. A esto se suma la disminución en dos terceras partes de la tarifa autonómica del tributo sobre hidrocarburos, que pasará de los 4,8 céntimos por litro de gasolina, gasóleo o queroseno, a 1,6 céntimos. El fuelóleo dejará de estar gravado con 0,2 céntimos por litro para situarse en 0,07 y, al igual que ocurre ahora, el sector del transporte seguirá disfrutando de la devolución íntegra del impuesto.

Suben las entregas a cuenta, pero sin cubrir el gasto social

El estado de ingresos confirma que las entregas a cuenta del modelo de financiación siguen siendo la partida más abultada: en 2015 ascenderán a 5.517,1 millones de euros, el 2,90 % más, que vuelven a resultar insuficientes para financiar los 5.941,4 millones de gasto conjunto de las tres consejerías sociales. El incremento de las entregas a cuenta se explica por el buen tono de los grandes tributos. Destaca la subida del 4,69 % en la recaudación del IRPF, hasta los 1.774,7 millones; por tanto, la rebaja autonómica no conllevará ninguna pérdida el año que viene, ya que el aumento de la actividad económica y del empleo previsto se traducirá en la llegada de mayores recursos por esta vía. También se eleva el 9,54 % la aportación del IVA, hasta alcanzar los 1.783 millones de euros, y el 3,08 % la del Impuesto sobre Hidrocarburos, que ingresará 522,4 millones en las arcas de la Comunidad. Este apartado se completa con 815,4 millones del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos y 416,9 del Fondo de Suficiencia, que registran alzas del 11,62 % y el 1,50 %, respectivamente. La otra cara de la moneda son las devoluciones por las liquidaciones negativas de 2013 (54,7 millones menos) y 2008 y 2009 (73,9 millones menos). En relación a estas últimas, es preciso advertir que si el Estado no hubiera ampliado de 10 a 20 años el plazo de pago, la cantidad que habría tenido que abonar la Junta habría sido de 179,4 millones.

Respecto a los tributos tradicionales, que son aquellos que gestiona el Gobierno autonómico, se espera que aporten 752,4 millones de euros, el 0,66 % más que en 2014. En buena medida será gracias al incremento del 20 % en el Impuesto sobre Sucesiones, derivado del pleno efecto de su revisión. La situación del sector de la construcción seguirá condicionando el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, mientras que la reactivación de las transacciones de las viviendas de segunda mano propiciará un aumento del tributo sobre Transmisiones Patrimoniales. La previsión es que la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos genere 65 millones de euros el próximo año, en los que está incluido lo correspondiente a los tres últimos meses de este ejercicio. Y, por cuarto año consecutivo, se recaudará el Impuesto sobre el Patrimonio, que exige un mayor esfuerzo y contribución a los que más tienen. Aquellos con menos rentas, paralelamente, podrán acceder a los 50 beneficios fiscales autonómicos, que se mantendrán en su totalidad con el fin de ahorrar 237,6 millones a familias y ciudadanos.

Los demás recursos no financieros sumarán 2.095,6 millones de euros a los Presupuestos, el 10,43 % más. A este grupo pertenecen los 923,8 millones de la Política Agraria Común (PAC), que se mantienen constantes; 535,5 millones de transferencias del Estado, el 1,94 % menos; 150,8 millones de euros de ingresos por enajenación de inversiones reales, gracias a un plan de venta de suelo, inmuebles y edificios de titularidad autonómica, y 247,2 millones de fondos europeos, que despegan el 40,18 %. Una parte de los recursos de la UE proceden aún del marco de programación 2007-2013 debido a la aplicación de la regla n+2, que permite ejecutar dinero no gastado de un periodo durante los dos primeros años del siguiente. A ellos se suman los Fondos Estructurales y de Inversión de 2014-2020, puesto que el próximo enero deben aprobarse los Programas Operativos. Entre esos últimos es llamativa la subida del 178,8 % del Fondo Social Europeo (FSE), gracias a la puesta en marcha del llamado Plan de Garantía Juvenil para la inserción laboral de los menores de 25 años, y la cuantía del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER), que incorpora 172,5 millones, el 40,18 % más.

El área de ingresos se completa con el endeudamiento, al que las administraciones se han visto obligadas a recurrir de manera creciente durante la crisis ante la caída de la recaudación impositiva ordinaria. Ahora bien, aunque en 2015 sigue resultando imprescindible acudir a los mercados financieros para cubrir el déficit público, las operaciones financieras del Presupuesto caen el 20,3 %, hasta los 1.555,8 millones de euros. De ellos 504,9 son deuda nueva compatible con el objetivo de déficit del 0,7 %, mientras que 756,5 millones se corresponden con la reposición de los vencimientos que se amortizan el próximo año. En este apartado figuran asimismo 267,4 millones de euros de préstamos financieros ?en su mayoría concedidos por el Banco Europeo de Inversiones (BEI)? que serán gestionados por las consejerías de Agricultura y Economía y Empleo y apoyarán proyectos de emprendedores y empresas, en especial si son innovadores y buscan la internacionalización.

Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades

El análisis de los gastos revela que los capítulos 1 a 7 del proyecto consumirán 8.822,9 millones de euros, es decir, el importe del techo de gasto no financiero y por tanto el límite al que debe ajustarse la Junta. Ahora bien, esa cantidad no es la que estará a disposición de las consejerías, puesto que incluye tres partidas a las que no pueden acceder: los 923,8 millones de la PAC; los 27,3 millones de euros que reciben las Cortes de Castilla y León para financiar a todas las instituciones autonómicas, que implican un ajuste del 1,94 %, y los 405,6 millones que ineludiblemente deben destinarse al pago de intereses de la deuda. Esta tercera partida, aunque relevante, desciende el 12,49 % respecto a 2014 gracias a la confianza de los inversores en España y en Castilla y León, que se ha traducido en un abaratamiento de los tipos y en la bajada de la prima de riesgo. En términos absolutos supone que el Gobierno autonómico se ahorrará 58 millones de euros en intereses respecto a este ejercicio, que se podrán dedicar a otras políticas más beneficiosas para los ciudadanos desde el punto de vista social.