“Los avances en derechos humanos nunca son definitivos”
El sevretario de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán este miércoles. / SN
El secretario estatal de Amnistía Internacional analiza la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en lo tocante a manifestaciones durante la clausura de las VIII Jornadas de la Memoria Histórica.
"A veces no conviene dar la batalla cuando no está perdida y se puede ganar a largo plazo". Con estas palabras, el director del Secretariado Estatal de Amnistía Internacional (AI) Esteban Beltrán, ha resumido este miércoles en Soria la postura de la entidad que representa acerca de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que plantea el Gobierno.
Beltrán, que cerraba esta tarde la VIII Semana de la Memoria Histórica auspiciada por la agrupación Recuerdo y Dignidad, ha señalado que en el nuevo texto desaparece el concepto de presunción de inocencia, y puede ser aplicado el elemento "presunción de veracidad del policía", por lo que los jueces estimarán el testimonio de los agentes de seguridad estatales, lo que "debilita las garantías" de los afectados. Con todo, ha mostrado su confianza en que la nueva legislación pueda ser cambiada antes de su entrada en vigor, ya que "ni los avances son siempre definitivos, ni los retrocesos tampoco".
También se ha referido la limitación de la libertad de expresión, un hecho que "si no molesta, para qué se va a regular", aludiendo aquí al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuya doctrina de obligado cumplimiento, contempla que las reuniones o concentraciones, si tienen carácter pacífico, no deben de tener ningún problema. Por ello ha significado que ante las manifestaciones ante los domicilios de los políticos o 'escraches', pese a no haber sido notificadas, se trataría de un asunto administrativo a la hora de ser disuelto. De hecho, Beltrán ha observado que incluso "el insulto está protegido por la libertad de expresión", con lo que los límites "son mucho más grandes", algo de lo que la nueva ley "se separa, por lo que tendrá que ser cambiada en el futuro".
Beltrán ha resaltado que el hecho de regular penalmente las manifestaciones públicas por los incidentes o las consecuencias penales que de ellas pudieran derivarse "no tiene sentido", ya que en el pasado 2013 se produjeron 30.000 concentraciones de este tipo, y de ellas, el 0,6% ocasionaron violencia.