Luz verde al Proyecto de Ley de Transparencia en Castilla y León

La Junta ha dado luz verde este jueves, en su Consejo de Gobierno, al Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, con el que se pretende regular la transparencia de la actividad pública, en su triple vertiente de publicidad activa -como información que ha de ser publicada por los organismos y entes públicos referente a su actividad- el acceso y la reutilización de la información pública, así como la participación en los asuntos públicos por los ciudadanos. El texto define y regula también el Portal de Gobierno Abierto como instrumento de publicidad activa y de participación.

La publicidad activa de la Administración General de la Comunidad, sus organismos autónomos y sus entes públicos de derecho privado se pondrá a disposición de los ciudadanos en el Portal de Gobierno Abierto. Para los restantes entes y organismos del sector público autonómico, el Portal podrá habilitar los enlaces con sus páginas web o sedes electrónicas para facilitar con ello el acceso a la información de todas las entidades sujetas a la transparencia de su actividad.

Cabe recordar que el sector público autonómico lo conforman la Administración General de la Comunidad; los organismos autónomos y los entes públicos de derecho privado integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad; las empresas y fundaciones públicas; las universidades públicas; y los consorcios dotados de personalidad jurídica. La información de las entidades sin ánimo de lucro obligadas por la normativa básica estatal se publicará en el Portal cuando las subvenciones públicas que dan lugar a la sujeción a la normativa de transparencia provengan mayoritariamente de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Dos leyes estatales condicionan el contenido y la materia abordada en este texto legal aprobado hoy en Consejo de Gobierno: la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y buen gobierno; y la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. Precisamente por su carácter obligatorio, la Junta de Castilla y León propone un proyecto de ley que no es reiterativo, pues presenta un articulado reducido en el que plasma las novedades específicas. Por esta razón, el proyecto de ley no regula cuestiones que serán de obligado cumplimiento, tales como las obligaciones de transparencia ya incluidas en la ley estatal, lo concerniente al buen gobierno u otras obligaciones para corporaciones locales, Cortes de Castilla y León, instituciones propias, partidos políticos o agentes económicos y sociales.

El Proyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León consta de una exposición de motivos, un título preliminar, tres títulos, dieciocho artículos, tres disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

Más allá de la norma estatal

Entre las novedades más significativas destaca la ampliación de las exigencias de publicidad activa estipuladas en la ley estatal y el detalle de la relación de asuntos que deberán difundir los organismos y las entidades del sector público autonómico: relaciones de puestos de trabajo y plantillas; puestos de personal eventual; convocatorias de procesos de selección de personal; convenios colectivos y acuerdos, pactos o planes; textos de resoluciones judiciales que afecten a normas autonómicas; gasto público en campañas de publicidad institucional; volumen de endeudamiento de la Comunidad; estructura de la cartera de deuda; finalidad a la que están destinados los bienes inmuebles de su propiedad y relación de los que se ceden a terceros; y número de vehículos oficiales y uso al que se destinan.

El derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y reutilizarla queda regulado en este proyecto de ley. En la norma aprobada por el Consejo de Gobierno se establece la existencia de unas unidades administrativas que de modo específico atenderán y tramitarán las solicitudes. Las reclamaciones que pudieran plantearse sobre acceso y reutilización serán resueltas por la Comisión de Transparencia.

Los altos cargos de la Junta de Castilla y León, tal y como se recoge en las disposiciones finales primera y segunda, estarán obligados a presentar anualmente copia de sus declaraciones del IRPF y, en su caso, de patrimonio. Tales declaraciones quedarán inscritas en el Registro de Intereses. También deberán presentar declaración notarial de bienes patrimoniales no solo cuando accedan al cargo, como sucede hasta ahora, sino también cuando lo abandonen. En el Boletín Oficial de Castilla y León se publicarán las declaraciones notariales del presidente y los consejeros del Gobierno autonómico. Esta última ya se cumple, si bien su difusión fue voluntaria y no por obligación legal.

Comisionado y Comisión de Transparencia

Velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y salvaguarda del ejercicio del derecho de acceso a la información pública de los órganos y entidades del sector público autonómico, las Entidades Locales de Castilla y León y de su sector público serán los cometidos del Comisionado y la Comisión de Transparencia, adscrita al primero.

El Gobierno autonómico plantea en este proyecto de ley que el Procurador del Común asuma la responsabilidad y el desempeño de las funciones de Comisionado, al que se adscribe una Comisión de Transparencia que intervendrá con autonomía, independencia y objetividad. El Procurador del Común asumirá las nuevas funciones con los medios ya asignados, sin poder generar costes o estructuras adicionales. La Junta de Castilla y León cumple, con esta atribución del Comisionado y la Comisión al Procurador del Común, con la obligación que fija la ley estatal sobre la necesidad de disponer de un órgano independiente que resuelva las reclamaciones ciudadanas en torno a los derechos apuntados anteriormente; otra opción posible era la firma de un convenio para que el órgano estatal desempeñara esas tareas, previa firma de un convenio. El Ejecutivo castellano y leonés ha optado por atribuir tales funciones al Procurador del Común, reforzando así, más si cabe, el trabajo de esta institución propia de la Comunidad cuya elección requiere amplio consenso parlamentario.

Participación ciudadana con rango de ley

El presidente Herrera expresó en su discurso de investidura de la actual legislatura que las actuaciones del Gobierno autonómico se regirían sobre la base de los principios de austeridad, eficiencia, transparencia y participación. Precisamente, transparencia, participación y colaboración han vertebrado el Modelo de Gobierno Abierto que la Junta de Castilla y León inició en marzo de 2012. El proyecto de ley aprobado eleva ahora a rango de ley la participación ciudadana en los asuntos públicos de la Comunidad a través del Portal de Gobierno Abierto.

La norma obliga a la Administración General y a sus organismos autónomos a que sometan a participación, al menos durante un periodo de diez días, cada uno de sus anteproyectos de ley, proyectos de decreto, estrategias, planes y programas. Las únicas excepciones previstas atañen a los anteproyectos de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad y de medidas tributarias, financieras y administrativas, así como los proyectos de decreto de carácter organizativo.

La apertura de una nueva vía de participación por medios electrónicos no demora el procedimiento de tramitación de las normas, debido a su carácter previo o simultáneo, ni implica la sustitución de los trámites de audiencia e información pública especificados en la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Proceso participativo

A partir de la puesta en marcha del Modelo de Gobierno Abierto en Castilla y León, el Ejecutivo autonómico impulsó varias acciones para abrir a la sociedad la elaboración de este proyecto de ley. La sede de la Presidencia acogió en mayo de 2013 una jornada de trabajo monográfica a la que asistieron representantes de otras comunidades autónomas, grupos parlamentarios, expertos en ámbitos como la apertura de datos, profesores universitarios y profesionales de los medios de comunicación. Seguidamente, en junio de ese mismo año, se creó un foro de participación en el Portal de Gobierno Abierto para recoger propuestas de contenido. Las instituciones propias de la Comunidad fueron invitadas a remitir sendos informes de sugerencias sobre los aspectos que, en su consideración, debía abordar la propuesta de norma. Una vez elaborado el texto del anteproyecto de ley, volvió a someterse a participación ciudadana en el Portal de Gobierno Abierto.

Durante este proceso, el Gobierno autonómico y los grupos parlamentarios han mantenido diversas reuniones de trabajo. Por último, y antes del paso dado hoy, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León analizó el texto final del anteproyecto de ley el pasado mes de junio de 2014.

Entrada en vigor

Las disposiciones previstas en el Título III, relativas a la participación ciudadana, así como las disposiciones transitorias y finales, sobre las obligaciones añadidas para los altos cargos y otras normas de organización, entrarán en vigor a partir del día siguiente de la publicación de esta ley en el Boletín Oficial de Castilla y León. Otras cuestiones recogidas en la disposición adicional tercera, que en concreto trata algunas previsiones que deben incorporarse en los contratos, entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Bocyl. Finalmente, el resto de la norma entrará en vigor el 10 de diciembre de 2015, fecha que también marca la ley estatal como inicio de las obligaciones exigidas a todas las comunidades autónomas.