Asociaciones de Discapacidad de Soria exigen el desarrollo de la Ley de Dependencia

Cinco asociaciones de discapacitados de Soria, FADISO, AMISO, ASAMIS, ASPACE y FADESS han reclamado el desarrollo de la Ley de Dependencia ante los recortes económicos en la aplicación de dicho texto. Así, han dado lectura a un manifiesto este mediodía en el que entre otros términos, han explicado que sumarán su apoyo a los derechos sociales a través de una iniciativa legislativa popular para que el Parlamento cambie la legislación y escuche sus propuestas.

Este miércoles se celebraba el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad.

Manifiesto

"La Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, creada en el 2006 para ayudar a la población que precisaba mayores apoyos por razón de edad avanzada o discapacidad, generó enormes expectativas; su desarrollo posterior inauguraba una nueva forma de concebir y aplicar las políticas sociales.

Se consideró esta legislación inicialmente como una conquista irreversible que permitiría mejorar las condiciones de vida y de ciudadanía de grupos sociales en situación estructural de vulnerabilidad.

Transcurridos más de siete años desde la aprobación de esta Ley, se ha enfrentado a un sinfín de vicisitudes; entre ellas, la virulenta crisis económica y social que ha azotado a España y que ha sacudido con violencia las arquitecturas de bienestar siempre insuficientes.

Se han aplicado feroces políticas de recorte de gasto público, que han determinado que los propósitos con que nació la Ley en buena parte se hayan visto malogrados, dejando sin respuesta a las acuciantes necesidades sociales que venía a colmar.

Uno de los aspectos que sin duda más rechazo ha suscitado en estos años de las personas beneficiarias de la Ley, ha sido el de la regulación de todo lo relativo a la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones, conocido popularmente como "copago".

Ha sido percibida como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio y que más que invitar a ejercer el derecho subjetivo, expulsaba a las personas mayores y a las personas con discapacidad por la gran carga que supone en materia de aportación económica.

Se sufren los efectos del copago confiscatorio, impidiendo el apoyo a los apoyos sociales imprescindibles o restringiendo o suprimiendo los escasos y precarios que venían recibiendo, ahondando su situación de desventaja objetiva, abocándolas aún más a la pobreza y a la exclusión social.

Esta injusta regulación de los aspectos económicos de participación en el coste de las prestaciones, ha de ser corregida de inmediato y así lo avala no solo la opinión mayoritaria de los movimientos sociales, sino también de los profesionales de los servicios sociales y de las personas expertas y analistas que ha fijado su posición en una multiplicidad de estudios e informes.

Con el fin, pues, de reorientar y fortalecer este dispositivo de protección social, dotándolo de mayor equidad y apertura, y contrarrestando los efectos perversos evidenciados en estos primeros años de desarrollo, resulta urgente e imprescindible modificar la Ley para establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones de autonomía personal y atención a la dependencia por parte de las personas beneficiarias, mujeres y hombres con discapacidad y de edad avanzada.

Para el movimiento social de la discapacidad, esta reforma legal debe pasar por:

· Modificación de la Ley, para ampliar los factores que se tienen presentes a la hora de determinar tanto la renta como el patrimonio, añadiendo a la edad el momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria así como la regulación normativa de la participación en el coste de las prestaciones.

· Modificación del artículo 33 para que se realice una exención de aportación cuando la capacidad económica sea baja, o un límite también de aportación; al igual que una vez realizado el copago se tenga la certeza de que quedará un mínimo para gastos personales que no sea inferior al 40 por ciento de la capacidad económica, hoy en día hay personas con discapacidad que han de proporcionarse alimento, vivienda, comida, etc. con 40 euros al mes que les quedan después de efectuar el copago.

Para conseguir esta reforma legal inaplazable, el CERMI y por consiguiente las Asociaciones de Discapacidad de Soria anuncian, en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad 2014, la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular, con el propósito de recabar en los próximos meses 500.000 firmas de ciudadanos y ciudadanas que permita llevar esta propuesta de cambio legal a las Cortes Generales para su aprobación.

El movimiento organizado de la discapacidad hace un llamamiento al conjunto de la sociedad española para solidarizarse con estos objetivos plasmando su respaldo en la firma masiva de la Iniciativa Legislativa Popular para la aprobación de la 'Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias' ".