La Comisión territorial contra la violencia de género estudia los recursos y acciones desarrollados en 2014. Crearán grupo de trabajo entre la Junta, el Ayuntamiento capitalino y la Diputación para optimizar los recursos de amparo y emergencia.
La Comisión territorial contra la violencia de género ha estudiado esta mañana todos los recursos y acciones que emprenden las distintas instituciones en Soria para la prevención y atención a las víctimas. En la reunión, que ha presidido la gerente territorial de Servicios Sociales, María Paz Gil, se ha puesto de manifiesto la colaboración existente entre todas las instituciones competentes y la disponibilidad de formar grupos de trabajo para optimizar los recursos y las acciones dirigidas a prestar una atención integral e individualizada a cada mujer afectada.
De manera concreta, ya se ha acordado crear un grupo de trabajo entre la Junta, el Ayuntamiento de Soria y la Diputación Provincial de Soria para analizar el actual sistema de funcionamiento de las casas de acogida y emergencia y estudiar las posibilidades de optimizar estos recursos para ofrecer un mejor servicio a las víctimas de violencia de género.
En la Comisión Territorial contra la violencia de género están representadas las entidades provinciales con competencias en este ámbito: Ayuntamiento de Soria, Diputación Provincial de Soria, Subdelegación del Gobierno, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Audiencia Provincial, Colegio Oficial de Abogados, Colegio Oficial de Psicólogos, Instituto de Medicina Legal, etc.
Esta comisión tiene la consideración de órgano colegiado adscrito a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y es la encargada de coordinar, a nivel provincial, las actuaciones que en materia de asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género se lleven a cabo por las administraciones públicas y los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género.
Por parte de la Junta de Castilla y León se ha destacado el nuevo modelo 'Objetivo Violencia Cero', puesto en marcha por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que trata de dar una respuesta única a la víctima, coordinando todos los recursos disponibles e implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada de una de las fases del proceso, ya que el problema requiere un abordaje desde múltiples planos de actuación. El objetivo es la inserción social y la vuelta a la vida normalizada de la víctima, siempre desde el respeto a su autodeterminación.
Tres son las claves de este modelo. Por un lado, prestar una atención integral a cada víctima. Para ello se elaborará un proyecto individualizado de seguridad y autonomía, que cubra la prevención, el apoyo, la seguridad, la asistencia con recursos especializados y la integración, que cuente con un profesional de referencia que le acompañe durante todo el proceso hasta que pueda volver a tomar las riendas de su propia vida. Esta ayuda se prestará de forma 'invisible' para preservar la seguridad.
Por otro lado, la Junta se marca como reto actuar antes incluso de que la víctima presente una denuncia. Se trata de abandonar el modelo de espera, más centrado en actuar a partir de la denuncia, e incidir en la detección de las situaciones de maltrato, ya sea desde los servicios sanitarios, educativos o sociales, para iniciar los procesos de ayuda desde la fase más temprana posible y adaptados a las circunstancias de la mujer.
Para lograr este objetivo violencia cero, se requiere de la colaboración de toda la sociedad. De ahí que la Junta esté implicando en un trabajo en red a todos los agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso para facilitar a la víctima esa atención integral y que se sientan protegidas y apoyadas. En definitiva, un sistema integrado de apoyo a las víctimas para ofrecer a la mujer una respuesta única y coordinada.
Desde el pasado mes de julio, la Junta ha suscrito cinco convenios de colaboración -Ministerio del Interior, Consejo General del Poder Judicial, la Federación Regional de Municipios y Provincias, la Fiscalía General de Castilla y León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León- que permitirán abrir el Registro Unificado de Violencia de Género de Castilla y León a profesionales de otras instituciones para integrar y compartir información sobre la historia social de las víctimas, aportada por los Servicios Sociales, y datos relevantes que disponen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces, los fiscales y los profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a las víctimas de violencia de género. Está previsto que próximamente se firmen nuevos convenios con los ayuntamientos.
De enero a noviembre de 2014, ingresaron un total de 10 víctimas en el Centro de Emergencia, seis españolas y cuatro inmigrantes, además de cinco menores. En 2013, fueron cinco mujeres en total, dos españolas y tres inmigrantes, y 5 menores.
Un total de seis mujeres han ingresado hasta noviembre en la casa de acogida, cuatro españolas y dos inmigrantes, y 11 menores. En 2013, el número total fue de cinco, tres nacionales y dos inmigrantes, además de 13 menores.
Además, 14 víctimas fueron atendidas en el Programa de Apoyo Psicológico, 11 españolas y tres extranjeras, a lo que se le suman siete menores. En 2013, el número total de asistidas fue de nueve mujeres, siete españolas y dos inmigrantes, y tres menores.
Un total de dos hombres, ambos inmigrantes, han acudido al Programa Fénix, dirigido a maltratadores (ninguno en 2013) y 14 mujeres (siete españolas y siete inmigrantes) recibieron asesoramiento jurídico a través del Programa de Información y Asesoramiento Jurídico, 31 mujeres (24 españolas y siete inmigrantes) en 2013.