Las Cortes no debatirán la propuesta de ayuntamientos de Soria contra el fracking
La Mesa de la Cámara ha rechazado la petición en base a que es contraria a la legislación básica del Estado. La propuesta era la primera que se presentaba tras la Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular en Castilla y León.
La Iniciativa Legislativa Popular de Ayuntamientos de la provincia de Soria para declarar la Comunidad de Castilla y León libre de la técnica de fractura hidráulica o 'fraking', no se debatirá en las Cortes Regionales. La Mesa de la Cámara ha desestimado la petición al entender que es contraria a la legislación básica del Estado.
La propuesta era la primera de esta índole presentada tras la modificación en esta Legislatura de la Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, que rebajó los requisitos para facilitar que colectivos o entidades pudieran acudir a la Cámara para exponer su petición ante el pleno.
La Mesa de las Cortes ha entendido que la ILP excede las competencias legislativas atribuidas a la Comunidad por su Estatuto de Autonomía, no respetar la reserva de ley orgánica establecida en el artículo 81 de la Constitución y es en su totalidad contraria a la legislación básica del Estado, en este caso en relación a la Ley del sector de hidrocarburos, según informan representantes en las Cortes.
Los ayuntamientos que respaldaron esta iniciativa, registrada en las Cortes el pasado 29 de septiembre, son Ágreda, Aldealices, Aldealseñor, Almajano, Almenar, Ausejo de la Sierra, Carrascosa de la Sierra, Cerbón, Cihuela, Cirujales, Deza, El Cubo de la Solana, El Royo, Fuentes de Magaña, Golmayo, La Losilla, La Póveda, Los Rábanos, Magaña, Oncala, Salduero, San Felices, San Pedro Manrique, Soria, Sotillo del Rincón, Tardelcuende, Valtajeros, Vinuesa, todos ellos de la provincia de Soria, y Vilviestre del Pinar (Burgos).
Antes de presentar el texto en las Cortes, los 29 ayuntamientos de Soria y Burgos aprobaron por mayoría absoluta en sus respectivos plenos municipales dar su apoyo a esta iniciativa y representan un total de 3.568 vecinos censados y 50.789 personas empadronadas.
Tras esta negativa, la actual Legislatura va a terminar sin que se estrene el 'escaño ciudadano', tras la reforma de la norma en julio de 2012, por la que se redujo el número de 25.000 firmas a la fórmula de la presentación de una ILP con el uno por ciento del censo de las provincias, que equivale a unas 20.000.