Crearán comisiones de seguridad para proteger a las víctimas de género antes de la denuncia

Castilla y León será la primera comunidad autónoma española en crear comisiones de seguridad para abordar de forma conjunta, entre el profesional de referencia, la Policía, los profesionales del sistema de atención social, sanitario, judicial y todos aquellos que puedan aportar información, los casos de especial riesgo de violencia de género, con independencia de que exista o no denuncia de la víctima. El hecho de que solo un tercio de las víctimas mortales en España hubiera interpuesto denuncia obliga a mejorar los mecanismos de protección, incluso aunque la víctima no haya dado el paso de denunciar a su agresor o haya retirado la denuncia posteriormente.

Y, junto a esto, la Comunidad será también la primera en estar preparada para añadir indicadores sociales a la valoración policial de riesgo, basada en el sistema Viogen, lo que redundará en una valoración de la situación real de la víctima más completa que la actual. Así lo ha anunciaba este viernes el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, durante la presentación ante más de 350 invitados del modelo 'Objetivo Violencia Cero', novedoso y pionero, que el Ejecutivo autonómico ha impulsado con la participación de 70 agentes públicos y privados que intervienen en cada etapa del proceso, para dar a cada víctima una atención integral desde 'el minuto cero' en que se produzca el primer síntoma y ofrecerle apoyo, acompañamiento y atención antes, durante y después de la denuncia.

La puesta en marcha de la primera comisión de seguridad es la prueba del trabajo en red de los agentes implicados, de la coordinación de todos los recursos disponibles para ofrecer una atención integral a la víctima y de un trabajo que trascienda el modelo de espera, que se estrena en la Comunidad como nueva forma de actuar contra la violencia de género, y que da respuesta al compromiso adquirido por el presidente de la Junta durante el último Debate de Política General.

Esta nueva metodología de trabajo quedará plasmada en las directrices de funcionamiento del nuevo modelo 'Objetivo Violencia Cero' que la Junta de Castilla y León aprobará próximamente y que permitirá generalizar el proceso de atención integral a todos y cada uno de los rincones de la Comunidad.

Plan de seguridad y autonomía a cada víctima

Castilla y León será, además, la primera Comunidad en ofrecer a cada víctima un plan integral de seguridad y autonomía. Será el profesional de referencia el único interlocutor para resolver sus problemas, conocer sus necesidades y acompañar a la víctima a lo largo de todo el proceso y, por tanto, el encargado de coordinar todos los recursos, independientemente de quién los preste o gestione, y elaborar el plan de seguridad y autonomía de la víctima, que será personalizado, ajustado a sus necesidades y recogerá todas las medidas necesarias.

Este profesional de referencia será un trabajador de los Servicios Sociales de las corporaciones locales. Para reforzar esta figura clave, Herrera anunciaba la contratación de 100 nuevos profesionales de atención directa en los CEAS, que serán previamente formados en materia de violencia de género. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades garantizará financiación suficiente a través del Acuerdo Marco de cofinanciación de los Servicios Sociales, que se aprobará en el primer trimestre del año, tal y como ha adelantado el presidente de la Junta.

La historia social de la víctima, sus hijos y personas que de ella dependan recogida por el profesional de referencia estará integrada en la Comunidad en una única fuente de información: el Registro Unificado de Víctimas de Violencia de Género, en el que ya figuran más de 1.900 expedientes de mujeres víctimas y cuyo decreto de regulación ha sido hoy publicado en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León para recabar aportaciones y sugerencias.

La información social recopilada podrá ser intercambiada posteriormente con el resto de agentes sociales, miembros de seguridad del Estado, policías locales o del sistema judicial, merced a los convenios -únicos en España- que la consejería ha suscrito desde el pasado mes de julio con el Ministerio del Interior y el Consejo General del Poder Judicial, así como con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la Fiscalía de Castilla y León, la Federación Regional de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos que disponen de policía local.

Este intercambio de información comenzará de forma inmediata, sin perjuicio de que la Comunidad está trabajando en el diseño de una plataforma informática (Pawla), de gran complejidad de programación, que sustente todo el trabajo en red de profesionales de los Servicios Sociales, jueces, fiscales, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales y profesionales de las corporaciones locales vinculados a la atención a víctimas de violencia de género.

Integración plena de la víctima

El nuevo modelo incluye como base la atención integral a la víctima, pero también introduce relevantes medidas para que esta pueda volver a ser dueña de su propia vida y mantener su autonomía personal. Y como el acceso al empleo constituye la base para que puedan recobrar la dignidad y autoestima e iniciar una vida normalizada e independiente, el presidente anunciaba que la Junta de Castilla y León convocará ayudas para aquellas empresas que contraten a mujeres víctimas de violencia de género. Mediante convocatorias anuales abiertas, se estima que se podrá incentivar la contratación de, al menos, 50 mujeres víctimas al año.

Esta nueva ayuda se sumará a las medidas ya incorporadas en esta legislatura para que la carencia de recursos económicos no sea nunca un obstáculo para que la víctima se atreva a romper las cadenas con su agresor: flexibilización de los requisitos de acceso a viviendas y a prestaciones sociales, como la Renta Garantizada de Ciudadanía, o concesión de ayudas económicas y sociales para las víctimas.

En este sentido, Herrera apuntó que durante el año 2014 un total de 168 víctimas accedieron a la Renta Garantizada de Ciudadanía, 370 mujeres recibieron ayudas económicas para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia y más de 100 personas -35 mujeres, con sus hijos y personas dependientes- accedieron a viviendas normalizadas e iniciaron su vida autónoma gracias a estas ayudas combinadas.

Prevención y sensibilización

Aunque el 'riesgo cero' no existe, la Junta de Castilla y León desplegará nuevos recursos para tratar de prevenir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar la mayor expresión de desigualdad, poniendo el énfasis en los jóvenes, en las personas mayores y en las personas con discapacidad. Castilla y León fue pionera en incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género de modonormalizado en la ESO, y ahora extiende esta iniciativa al ámbito universitario. Para ello, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha suscrito convenios con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad para impulsar la inclusión de contenidos específicos en todas las titulaciones cuya salida profesional tenga alguna relación con la atención a las víctimas y promover la presencia de la mujer en titulaciones en las que están infrarrepresentadas.

Las universidades se han comprometido, asimismo, a promover estudios específicos sobre el problema e incluso trabajos de investigación que permitan hacer un seguimiento de las medidas adoptadas y de los modelos de comportamiento. Esos parámetros posibilitarán una mejora continua del sistema 'Objetivo Violencia Cero', tal y como explicaba el presidente de la Junta.

Para que las mujeres mayores, especialmente aquellas que viven en el medio rural, cuenten con información especializada, el Gobierno autonómico pondrá en marcha un programa de sensibilización, a través de las asociaciones de mayores del ámbito rural. Y, además, desarrollará en colaboración con Feaps un proyecto piloto para formar en violencia de género a las mujeres con discapacidad intelectual.

El máximo dirigente regional agradeció a todos los agentes intervinientes en el diseño del modelo, distribuidos en cinco grupos de trabajo, el esfuerzo y dedicación para construir en la Comunidad un sistema único en España de protección a las víctimas de violencia de género, que estrecha la colaboración entre administraciones públicas (Estado, Junta de Castilla y León y corporaciones locales), universidades, profesionales de la sanidad, la educación, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, Servicios Sociales, justicia?) y entidades del Tercer Sector.

Cambio de modelo

Castilla y León se sitúa a la vanguardia en protección a las victimas después de haber realizado una profunda reflexión y un exhaustivo análisis de la situación. A pesar del esfuerzo y de ser una de las primeras comunidades en dotación de recursos para las víctimas, según el informe DEC, los resultados en igualdad no son los deseados. La primera conclusión es que "hay que generar confianza en las victimas", según manifestaba previamente la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, durante su intervención para explicar el proceso de creación del nuevo modelo.

Del análisis de esa situación se observó la necesidad de reforzar el concepto de igualdad entre los jóvenes, de tener identificadas a las víctimas, de contar con una visión integradora de sus necesidades y de establecer mecanismos de garantía de su autonomía, así como flexibilizar el acceso a los servicios y fortalecer las relaciones entre los agentes intervinientes y los recursos. Junto a esto, se vio la necesidad de compartir información entre los agentes y establecer una coordinación entre jueces, fiscales, policía y servicio de protección a la víctima.

Por ello, la Junta buscó modelos existentes en el panorama internacional y decidió dar un giro y desarrollar uno propio. Así, creó el Registro Unificado de Violencia de Género para tener identificadas de forma inequívoca a las víctimas, flexibilizó el acceso a los servicios y comenzó el desarrollo del sistema de información compartida Pawla. Y, en paralelo, mantuvo reuniones con todos los intervinientes en el proceso, de las que surgió la constitución de cinco grupos de expertos para diseñar este nuevo modelo y la firma de convenios de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con jueces, con fiscales, con corporaciones locales, con universidades.

De las conclusiones extraídas en esos cinco grupos de trabajo, se decidió que todos esos agentes debían trabajar en red y compartir información, que contaran con un sistema común de detección y de notificación de las situaciones de violencia, y que compartieran el mismo instrumento de valoración del riesgo. Y, sobre todo, que hubiera un único interlocutor con la víctima, que fuera el encargado de su valoración y de realizar, con la combinación de los recursos existentes, un plan integral e individualizado de seguridad y autonomía a cada víctima, que abarcara el antes y el durante la denuncia, pero también el después de ella. Para los casos de riesgo, se crearían comisiones donde los profesionales de los Servicios Sociales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Delegación del Gobierno y las entidades del Tercer Sector.

También se apuntó la necesidad de un cambio hacia un modelo proactivo de detección precoz y de un impulso a la inserción laboral de las mujeres víctimas para que puedan salir de esa situación y reconstruir su vida.