Inspección de Consumo realizó 282 actuaciones en la provincia durante 2014

La inspección de consumo en la región supone para un "enorme trabajo para un colectivo tan escaso, que deben afrontar la responsabilidad de velar por la salud, la seguridad y la defensa de os intereses económicos de los consumidores". Por eso, en el sindicato han exigido este viernes "más plazas de inspectores y más profesionalización en las jefaturas provinciales" en esta materia. Unas declaraciones que van al hilo de la aprobación de una nueva Ley del Estatuto del Consumidor.

Así, en la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han desgranado que la Inspección de Consumo realizó en 2014 casi 14.000 acciones en Castilla y León, concretamente 13.894, entre las que se incluyen 1.055 tomas de muestra de productos o inspecciones de oficio. "Unas cifras importantes, que da idea del enorme trabajo y esfuerzo que tienen que hacer los 35 inspectores activos con que cuenta la Junta en este momento, y motivo por el que pedimos que se cubran los 55 puestos que recoge la RPT, a pesar de que esa plantilla ya ha quedado claramente insuficiente, ante las necesidades y las demandas que han generado un nuevo comercio globalizado, con nuevas herramientas tecnológicas".

Dando la bienvenida a una nueva Ley del Estatuto del Consumidor, aprobada esta mañana en las Cortes, han señalado que se trata de "una normativa muy importante, como es la defensa y protección de los consumidores, es decir, su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos", que debe acompañarse de unos recursos personales suficientes.

De las 13.894 actuaciones realizadas en 2014 por los 35 inspectores de consumo de Castilla y León, 10.761 se refieren a productos industriales, 2.320 a productos alimenticios y 813 a servicios.

Por provincias, en Soria se llevaron a cabo 282 actuaciones con 72 de productos alimenticios, 187 de productos industriales y 23 de servicios. Ávila registró 424 actuaciones, con 104, 287 y 33, mientras que en Burgos fueron 419, con 104, 287 y 33, respectivamente, para cada uno de esos tres grupos de productos.

En León el total de las actuaciones fue de 1.307, con 203, 1.005 y 99, para productos alimenticios, industriales y servicios. En Palencia sumaron 1.779 las actuaciones, con 254, 1.434 y 91, para los tres tipos de productos. En Salamanca, el total alcanzó 1.087, con 345, 676 y 66 actuaciones, respectivamente. En Segovia 513, con 154, 337 y 22; en Valladolid 3.771, con 460, 2.950 y 301, para los productos alimenticios, productos industriales y servicios, respectivamente; y en Zamora 3.121, con 309, 2.764 y 48.

En cuanto a las tomas de muestra o inspecciones de oficio, el total en la Comunidad llegó a 1.055. Este tipo de actuaciones se programan previamente a principios de año, y es en este tema donde más se nota la falta de inspectores, según CSI-F, porque la tramitación y resolución de las denuncias de los ciudadanos es prioritario, respecto a la vigilancia, porque la normativa hace hincapié en la resolución de las denuncias que se presentan. Sin embargo, el trabajo preventivo de las inspecciones "evitan fraudes y otros problemas en las compras y acciones comerciales, que de otra manera acaba en denuncias de los consumidores, pero cuando ya no hay remedio". De ese total de 1.055 inspecciones de oficio, en Ávila se hicieron 63, en Burgos 150, en León 169, en Palencia 113, en Salamanca 123, en Segovia 62, en Soria 32, en Valladolid 209 y en Zamora 134.

Respecto a las denuncias presentadas por los ciudadanos, llegaron a la Inspección de Consumo de la Junta un total de 3.277, que se reparten así: 219 en Ávila, 439 en Burgos, 651 en León, 288 en Palencia, 502 en Salamanca, 147 en Segovia, 121 en Soria, 400 en Valladolid y 510 en Zamora. El 96% de las denuncias se resolvieron, así como el 88% de los expedientes sancionadores que se incoaron.

Red de alerta

Cabe señalar que en CSI-F han hecho un especial hincapié en la red de alerta de productos no alimenticios que se ponen en marcha, que pueden generarse desde Castilla y León hacia el exterior, o que llegan desde fuera (ámbito nacional o internacional) a la Comunidad. En Castilla y León se generaron en 2014 un total de 81. De ellas, 32 afectan a material eléctrico, 12 a luminarias, 7 a vehículos y productos químicos, 5 a bricolaje y artículos de ocio, 4 de juguetes, 2 de artículos de puericultura y los 5 restantes de otros tipos de productos.

La actual Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé unos ratios que van de las 27.893 personas (para cada uno de los 6 inspectores de la RPT en Palencia), a los 54.405 consumidores de cada uno de los 9 inspectores que la RPT prevé para León. Sin embargo, como faltan 20 plazas sin cubrir en la Comunidad, los ratios se disparan hasta llegar a que toda la población de la provincia de Ávila (unas 170.000 personas) y la de Soria (94.000) sólo cuentan con un inspector de consumo.

Respecto al reciente concurso que se ha resuelto provisionalmente, se han quedado sin cubrir ?respecto a la RPT- tres plazas en Ávila, tres en Burgos, dos en León, tres en Palencia, tres en Salamanca, dos en Segovia, dos en Soria y dos en Zamora (donde se ha reducido una plaza tras el concurso de enero). Valladolid es la única que, tras el concurso, contará con las mismas plazas que la RPT, es decir, once.

Otra de las preocupaciones de CSI-F es la "desprofesionalización del servicio", por lo que exige que se reconozcan los méritos profesionales de quienes acceden a las jefaturas de las inspecciones provinciales de consumo, ya que ahora no se exige ninguna formación ni experiencia en el ámbito de la inspección del consumo, "lo que resulta sorprendente", lamenta CSI-F.

El sindicato independiente ha mostrado además su temor ante la posibilidad de que nueva ley "quede en papel mojado", si a la principal herramienta con la que cuenta la Junta, como es la Inspección de Consumo, no se dota de los recursos personales suficientes. De hecho, en las Cortes se ha destacado que la nueva normativa potencia la capacidad inspectora, el control y la vigilancia de la administración de los productos; y que se mejora la regulación.

Sin embargo, CSI-F se pregunta si la Junta ha planteado incrementar la plantilla de inspectores, porque es de suponer que la normativa que se acaba de aprobar exigirá más trabajo y más recursos para garantizar la defensa y protección de los consumidores, es decir, su salud, su seguridad y sus legítimos intereses económicos.