La Junta acederá a un préstamo de 2.003 M€ a cero de intereses

El pasado 26 diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, que reformó los mecanismos existentes hasta ese momento para aportar liquidez a ambas administraciones. En lo que compete a la Junta, el cambio más significativo fue la creación del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que puso cuatro instrumentos a su disposición: el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Fondo Social, la Facilidad Financiera y el Fondo en Liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

El más idóneo para Castilla y León es el FFF, que precisamente está reservado a los territorios que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y respetan el periodo medio de pago a proveedores. De ahí que el 19 de enero la Junta de Castilla y León solicitara formalmente incorporarse a él, petición que fue aceptada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Esto determinó una primera asignación de recursos a la Comunidad por importe de 2.003,6 millones de euros, cifra que puede ser objeto de modificación porque se ha calculado con base en los datos de cierre de 2013, en tanto que 2014 todavía no está liquidado.

Conviene recordar que la principal ventaja del Fondo de Facilidad Financiera es que proporciona el crédito necesario para cubrir el endeudamiento de 2015 en mejores condiciones que las del mercado. En concreto, asegura un préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a 10 años a un interés del 0 % anual durante los tres primeros ejercicios, y al tipo que logre el Tesoro para sus propias operaciones los siete siguientes. El hecho de que la Junta no tenga que acudir a los proveedores financieros habituales implica un ahorro de 20 millones de euros en intereses sólo en 2015, cantidad que está presupuestada y se dedicará a fines sociales. Con objeto de lograr el máximo consenso, su destino se está negociando en el marco del diálogo social y las conversaciones han fructificado ya en un primer pacto, la ampliación de la Renta Garantizada de Ciudadanía a las personas que perciben un subsidio parcial por desempleo.

Servicios públicos esenciales

Junto a esto, la adhesión al FFF implica otro importante beneficio: la condonación de la cuantía que es obligatorio devolver al Gobierno en 2015 por el fraccionamiento en 20 años del importe global de las liquidaciones negativas de impuestos de los ejercicios 2008 y 2009. En el caso de Castilla y León la anualidad correspondiente a 2015 asciende a 73,9 millones de euros, que todavía no figuran en el Presupuesto de la Junta pero que supondrán una inyección adicional de recursos que permitirá mejorar los servicios públicos esenciales.

Para que el Ejecutivo de Castilla y León pueda disponer de los 2.003,6 millones de euros de deuda de 2015 es preciso formalizar el correspondiente contrato de préstamo, trámite que está previsto que se efectúe antes de que termine el mes de marzo. En nombre de la Junta la operación será firmada por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Del montante que recibirá la Comunidad por decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, 763,7 millones de euros tienen como objetivo satisfacer los vencimientos de deuda previstos este año; otros 391 cubren el 0,7 % de déficit en el que como máximo se puede incurrir en 2015; 73,9 millones se asignan en concepto de financiación de las liquidaciones negativas de 2008 y 2009, y los 775 restantes para afrontar posibles déficit de ejercicios anteriores. Este último capítulo es relevante, porque con cargo a él se abonarán las facturas sanitarias pendientes de pago del ejercicio 2014.

Plataforma Emprende en 3 y FACe

Conviene recordar que sumarse a la Facilidad Financiera carece de condicionalidad fiscal. El único requisito consiste en sumarse a dos plataformas electrónicas del Estado que avanzan en la eliminación de trabas burocráticas: Emprende en 3 y el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).

La primera pretende agilizar la creación de empresas y para ello posibilita la teletramitación de las declaraciones responsables, comunicaciones y solicitudes de autorizaciones o licencias que precisan los emprendedores que desean iniciar una actividad o trasladar su negocio, así como la integración automática de este proceso con otras herramientas similares. FACe, por su parte, permite que los proveedores de las administraciones presenten sus facturas al cobro en formato electrónico, lo que facilita su tramitación y redunda en una mayor agilidad en el pago. Se trata, en definitiva, de una herramienta similar a la Plataforma de Facturación Electrónica de la Junta, con la que será compatible.