Luz verde al registro único de explotaciones agrarias

Castilla y León tendrá por primera vez un registro único, público y gratuito en el que estarán inscritas todas las explotaciones agrarias de la Comunidad. Además permitirá acreditar y comprobar el cumplimiento de los requisitos de la nueva PAC. Así lo ha aprobado hoy en un decreto el Consejo de Gobierno de la Junta. Además se regulan las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, el órgano de interlocución y toma de decisiones entre todos los agentes de la cadena de valor de la producción agroalimentaria.

Los dos decretos aprobados hoy desarrollan la Ley Agraria, que fue aprobada en marzo de 2014 en las Cortes de Castilla y León con el consenso de los principales partidos políticos, agentes económicos y sociales y organizaciones sectoriales. La Ley Agraria, única en España con sus características, se diseñó como una herramienta fundamental para seguir incrementando al máximo la productividad y competitividad del sector agrario y asegurar su crecimiento en el futuro.

El decreto que regula el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León supone que por primera vez estarán inscritas de forma obligatoria y también gratuita todas las explotaciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad. Con ello se unifican los 35 diferentes registros que hasta ahora existían en función de las distintas actividades u orientaciones de cada explotación.

El carácter único de este registro permitirá al Gobierno autonómico disponer de información completa, actualizada y homogénea de todas las explotaciones. Y sobre todo simplificará y facilitará los trámites a los profesionales del sector, pues la documentación depositada en el registro una sola vez será válida para todos los procedimientos y expedientes de ayuda que se tramiten por la Consejería, sin tener que volver a presentarla en cada ocasión.

Este registro será imprescindible para recibir las ayudas agrarias tanto de la comunidad autónoma como de ámbito europeo; los agricultores y ganaderos de Castilla y León podrán acreditar, gracias a el, que cumplen el requisito de ser agricultor activo o ganadero con actividad real -tal y como se estable para la percepción de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria-; y permitirá adecuar, las ayudas del Gobierno autonómico a la dimensión óptima de las explotaciones. En este sentido, la Ley Agraria establece un marco de actuación que tiene como finalidad optimizar la estructura de las explotaciones y fijar un sistema de apoyos y ayudas proporcional a las necesidades de cada explotación, al objeto de incrementar su eficiencia y conseguir la máxima rentabilidad. Para ello, la norma define por primera vez un modelo de explotación agraria bien dimensionada y productiva, a la que se van a orientar todas las líneas de apoyo de la Junta de Castilla y León.

Vinculación con la nueva PAC

El Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León se convierte en el instrumento que va a utilizarse para comprobar la obligatoriedad que establece la normativa nacional y comunitaria de estar inscrito en un registro para ejercer la actividad agraria y ser perceptor de las ayudas de la Política Agrícola Común y de otras ayudas agrarias de ámbito autonómico.

Por primera vez en la historia de la aplicación de las sucesivas reformas de la PAC, los nuevos pagos directos a partir de 2015 se dirigirán a los agricultores y ganaderos que cumplan los requisitos de agricultor activo y que sean titulares de una explotación agrícola o ganadera inscrita en el registro de explotaciones correspondiente.

Todos los perceptores de ayudas directas de la PAC, y también de algunas ayudas del Programa de Desarrollo Rural, deberán acreditar su condición de agricultor activo; para ello de sus ingresos agrarios totales al menos el 20 % deben proceder de las ventas de las producciones obtenidas en su explotación y como máximo el 80 % restante procederá, en su caso, de los pagos directos.

Además, el concepto de agricultor activo estará totalmente relacionado con más condicionantes en relación con la realización de labores de mantenimiento y cultivo en las tierras arables y en las superficies de pastos. En este sentido, solo podrán declarar superficies de pastos, y por lo tanto percibir ayudas directas vinculadas a los mismos, quienes realicen una actividad ganadera real, es decir quienes puedan acreditar que disponen de al menos 0,2 UGM/ha, y tienen su explotación, con ese ganado, inscrita en un Registro.

Efectos sobre las solicitudes de ayudas PAC

La incorporación del concepto de agricultor activo y las nuevas exigencias en relación con la actividad agraria, ya tuvieron consecuencias en el año 2014, año de transición de la reforma. Así, en 2014 hubo en España casi 35.000 solicitudes menos que en 2013, lo que supone una reducción del 4 %. En Castilla y León hubo 5.000 solicitudes menos, lo que representa una reducción del 5 %. Para la solicitud de 2015, es previsible que el número de solicitudes siga descendiendo en un porcentaje en torno al 3 %, lo que para Castilla y León representaría un descenso próximo a las 3.000 solicitudes.

Quedarán excluidos del nuevo modelo de pagos directos aquéllos solicitantes de la PAC que declaraban exclusivamente superficie de pastos, y carecen de una actividad ganadera real, ya que sobre las superficies de pastos solamente se asignarán derechos a los titulares que dispongan de un código de registro ganadero activo y además justifiquen una densidad ganadera equivalente a al menos una cabeza de ganado vacuno por cada cinco hectáreas. Estos solicitantes que quedarán excluidos son casi 1.900 en Castilla y León y en 2014 percibieron 6,2 millones de euros, que ahora podrán percibir los agricultores y ganaderos que sí acrediten verdadera actividad agraria.