Piden apoyos para denunciar la degradación profesional de los agentes medioambientes y forestales
CSI-F instan a la Junta a que permita recuperar el arma corta retirada hace un año, ya que es precisa como medida disuasoria y de protección, y da eficiencia "en el deber de velar por el respeto al medio ambiente y, por tanto, de defender la legalidad".
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha pedido a las juntas de personal de los servicios territoriales de la Junta el apoyo para los agentes medioambientales y forestales, que exigen que se respete sus competencias profesionales en la nueva Ley de Montes, tramitándose en las Cortes, como son las funciones de policía judicial.De momento son tres -León, Valladolid y Soria- las juntas de personal que han aprobado el apoyo a los agentes medioambientales y forestales.
El objetivo de esta iniciativa es exigir esa reivindicación a partir las juntas de personal en las administraciones competentes de todo el país, con el envío a todos los grupos parlamentarios del Congreso de diversas alegaciones al proyecto de ley de modificación de la Ley 43/2003 de Montes, "con el fin de que los representantes políticos atiendan nuestras explicaciones y peticiones, y eviten unas modificaciones que sólo van a traer problemas, porque se va a degradar a un colectivo emblemático de funcionarios".
Arma corta
La agrupación sindical ha reclamado a la Junta que vuelva a permitir tener un arma corta a los agentes medioambientales y forestales, retirada hace un año por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En CSI-F han asegurado que el trabajo y las funciones de este colectivo, dedicadas a la vigilancia y protección del medio ambiente, tienen un riesgo importante ante ciertos comportamientos ilegales y delictivos, por lo que el arma puede ser un recurso disuasorio de defensa y de seguridad. Por ello, consideran que la retirada del arma responde a cuestiones económicas, una consecuencia más de los recortes, en perjuicio de la calidad del servicio público. Para CSI-F, la retirada del arma que tenían asignada es "una degradación profesional más" para los agentes medioambientales y forestales.
CSI-F ha insistido en denunciar que las modificaciones que recoge el nuevo proyecto de ley de reforma de la vigente Ley de Montes, que ha iniciado su tramitación parlamentaria, suponen la alteración de las competencias actuales de policía judicial de los agentes ambientales y forestales, que pasarían a actuar "de forma auxiliar", sin poder realizar atestados, y siempre subordinados a los otros cuerpos de seguridad. Es lo que indican los cambios introducidos en el texto de los artículos 6 y 58 de la Ley 10/2006 de Montes, que en su día ya fue una modificación a la Ley 43/2003 de Montes.
En el sindicato han confesado no entender "este cambio absurdo, si no es con objeto de privatizar el servicio, que supone poner fin a unas competencias profesionales reconocidas desde hace 140 años, y que introduce un importante elemento de inseguridad jurídica en la actuación del agente forestal y medioambiental, en su labor como policía judicial, amparada por la Ley 10/2006.