La OPA considera que con esta medida la Consejería de Hacienda "dinamita el prometido Banco de Tierras".
ASAJA ha criticado este viernes la decisión del Gobierno autonómico de sacar a subasta pública 258 fincas agrícolas procedentes principalmente de sobrantes de concentraciones parcelarias. Un parecer que, según han recordado viene dado porque Junta se comprometió con el sector en la reciente Ley Agraria a crear con estos remanentes un Banco de Tierras para favorecer el desarrollo de explotaciones y la incorporación de jóvenes al campo, en el marco de una agricultura profesional y competitiva.
"Parece que Hacienda ha adelantado por el arcén a Agricultura, y ha aprovechado el retraso del desarrollo de la Ley Agraria para que el Gobierno regional dé paso a la venta de estas fincas por el sistema de subastas", han señalado en la organización profesional agraria (OPA). Una medida que "encarecerá la tierra y además obligará a los agricultores profesionales a competir con otros posibles compradores ajenos al sector", han subrayad.
Así, en la OPA han avanzado que la superficie a subastar "no es nada desdeñable, ya que en las nuevas concentraciones y en las reconcentraciones parcelarias la Junta detrae a cada propietario un porcentaje mucho mayor del que se necesita para el trazado de caminos y desagües".
De igual modo, han calificado califica como "lamentable" el hecho por el que la Consejería de Agricultura detraiga de los propietarios un porcentaje elevado de sus tierras "para después acumularlo al patrimonio de la Junta, y posteriormente venderlo al mejor postor". Ello se traduce, y siempre a juicio de ASAJA, en "una confiscación de los bienes agrarios justificada por el afán cortoplacista de hacer caja". Un proceso mediante el cual "se dispararán los precios de mercado y se sentará referencia para operaciones posteriores, produciéndose un recalentamiento del mercado de la tierra, que redundará en unos menores márgenes del agricultor, al tener que hacer frente a mayores cuotas en las amortizaciones y en las rentas".
Tras el casi absoluto consenso de la Ley Agraria de Castilla y León, en la organización agraria han calificado como "lamentable" que al término de esta legislatura dicho texto quedará sin completar en su desarrollo, ya que que "la primera en dinamitarlo" ha sido "la propia Junta, eso sí, desde la consejería de Hacienda".
También han recordado finalmente "esa promesa que habían hecho a los jóvenes de procurarles tierra en mejores condiciones para cimentar sus explotaciones se ha transformado en la invitación a una subasta, en la que únicamente tienen cabida los que puedan ir con una buena chequera".